Riotinto ante el riesgo de revivir el desastre de Aznalcóllar

Greenpeace advierte de que la probabilidad de que las balsas de residuos mineros se rompan en los próximos 20 años es del 95%

Se cumplen 25 años de uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de nuestro país: la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. Siete millones de toneladas de residuos tóxicos acabaron vertidos en el río Guadiamar y alcanzaron la mayor reserva ecológica de Europa: Doñana. En este aniversario del desastre de Aznalcóllar, Ecologistas en Acción y Greenpeace denuncian que esta forma de operar, social y ambientalmente irresponsable de la minería, ha llevado a este sector industrial a convertirse en uno de los principales productores de residuos y en una gran amenaza para la vida en el planeta. Greenpeace ha documentado numerosas filtraciones en las balsas de lodos mineros de Riotinto, alguna de ellas con conocimiento de la empresa Atalaya Minning, donde advierte con carteles del peligro tóxico de la zona. Junto a Ecologistas en acción, Greenpeace recuerda las causas que provocaron la rotura de la presa y los acontecimientos tras el desastre ecológico, poniendo de relieve que lo sucedido no es un caso aislado fruto de la fatalidad, sino la consecuencia del modus operandi del extractivismo mundial.

Las balsas de Riotinto están a punto de colapsar, pero la empresa que gestiona esta mina quiere seguir recreciéndolas, a pesar de que varios informes científicos concluyen de que la probabilidad de que las balsas de Riotinto se rompan en los próximos 20 años es del 95%. La rotura de la balsa de residuos mineros de Riotinto podría provocar un desastre diez veces mayor que el de Aznalcóllar.

Dado el riesgo que suponen estas filtraciones para la seguridad de las propias balsas, resulta imprescindible hacer un inventario y seguimiento de las mismas.

Para las organizaciones ecologistas, las empresas mineras procuran hacer rehenes a las administraciones locales con la coacción de los puestos de trabajo. Mediante esta maniobra, las empresas mineras reciben ingentes cantidades de dinero público a través de subvenciones, a cambio de unas contrapartidas que pocas veces se materializan en su integridad y sólo permanecen en el tiempo mientras sea del interés de la minera.

Hoy la población es más consciente de los perjuicios ambientales y sociales que acarrea una mina en su entorno, lo que dificulta a la empresa minera comprar la licencia social con sólo meras promesas de puestos de trabajo.

Evitar un nuevo desastre

Hace 40 años, la población a orillas del Guadiamar desconocía lo caro que les resultarían sus empleos en la multinacional sueca Boliden que explotaba las minas. El desastre de la rotura de la presa en Aznalcóllar evidenció el daño ambiental de la minería extractiva, pero estas explotaciones mineras llevaban años contaminando las aguas, afectando gravemente al ecosistema y envenenando a la población local. La impunidad con que operan las empresas mineras es otra de sus características esenciales. Al igual que en el caso de Aznalcóllar, la empresa matriz minera no es la misma empresa que opera en el territorio. Crean un entramado societario y es una pequeña empresa pantalla, de escaso capital social y fundada para la ocasión, la que ostenta la concesión de la explotación. Las organizaciones ecologistas subrayan que tampoco es un hecho aislado el negocio extra que tenía montado Boliden con el tráfico ilegal de residuos tóxicos.

Las empresas mineras, a menudo, utilizan las cortas y pozos abandonados para enterrar residuos industriales de terceras empresas. Enterrando los residuos tóxicos o peligrosos, las empresas productoras de residuos evitan el coste mayor de entregarlas a un gestor autorizado de residuos. Al igual que sucedía en las minas de Aznalcóllar con Boliden, el enterramiento ilegal de los residuos tóxicos se hace sin ninguna medida de protección ambiental y estos terminan filtrándose al entorno por las escorrentías de aguas.

En ocasiones la empresa minera se enfrenta a grandes indemnizaciones y sanciones. Si esto compromete la rentabilidad de la explotación, llevan a la empresa pantalla a la quiebra económica, como hizo Boliden, eludiendo así pagar por los perjuicios causados.

Activistas de ambas organizaciones han desplegado una pancarta en el río Tintillos con el lema: «Ayer Aznalcóllar, mañana Riotinto» y advierten de que la historia se puede volver a repetir debido a la actual autorización para recrecer el muro de contención de las balsas de residuos mineros de Riotinto, que alcanzaría la cota de 417 metros sobre el nivel del mar, para albergar 161 millones de toneladas de lodos, que se añadirían a los 182 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que ya están acumulados.

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