Bruselas critica la ley de Doñana sin dar alternativa

 Advierte a la Junta de Andalucía de que el aumento de regadíos tendrá «efectos desastrosos» sobre los ecosistemas y recuerda la condena al Gobierno de España por no respetar las normas medioambientales

La visita de este lunes a la capital comunitaria del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, no consiguió que Bruselas ceda en su postura sobre Doñana y el proyecto de ley que tiene como objetivo aumentar los regadíos.

Según un portavoz comunitario, el comisario de Medio Ambiente Virginius Sinkevicius recordó a Fernández Pacheco que esta nueva legislación que está siendo tramitada en el Parlamento de Andalucía «va en sentido contrario» a la protección medioambiental de Doñana que propugna la Unión Europea y, si se aprueba en los términos previstos, se podría degradar aún más el humedal.

Una versión que contrasta con las declaraciones del consejero ante los medios de comunicación. Según el representante de la Junta de Andalucía, el comisario le había comunicado la preocupación por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por la que España fue condenada el 2021 por no respetar las normas medioambientales europeas. Una labor que corresponde en su mayoría al Gobierno de España.

Efectivamente, la Comisión Europea señala que España no ha tomado las medidas necesarias para cumplir esta sentencia, pero también arremete contra la nueva ley que quiere aprobar el Gobierno de Andalucía y que, según Bruselas, tan sólo consigue aumentar el problema.

[[H2:«Fuertes evidencias»]]

En su análisis de la situación tras esta entrevista, el Ejecutivo comunitario subraya que, al igual que en su carta de marzo de este año, «hay una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los resorts turísticos cercanos están relacionados con la desecación y reducción de los pozos por toda Doñana, lo que demuestra que los actuales niveles de explotación de agua subterránea son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones».

Para Bruselas, el anteproyecto de ley tan sólo conseguirá «añadir presión» a unos recursos ya sobreexplotados.

Aunque Bruselas es consciente de la importancia de la irrigación para la economía local, considera que la legislación europea debe promover el «uso sostenible del agua y la conservación de los sitios protegidos».

El Ejecutivo comunitario también recuerda que «un mayor deterioro del estatus de las aguas subterráneas tendrá desastrosos efectos sobre la conservación de los frágiles ecosistemas del humedal, uno de los principales de la UE en biodiversidad».

La Comisión Europea seguirá estudiando las alegaciones de las autoridades españolas. La Junta de Andalucía tenía prevista una reunión en la capital comunitaria el próximo día 3, pero pidió adelantar esta cita. El consejero andaluz ha agradecido este gesto y lo ha comparado con las dificultades para entrevistarse con el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y el aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España», aseguró este lunes Fernández Pacheco ante los medios de comunicación.

Apoyo a la Junta

La semana pasada, la Comisión Europea reiteró en una pregunta parlamentaria que Bruselas podrá actuar «con todos los medios disponibles en virtud de los Tratados para garantizar que el Reino de España cumpla efectivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE».

La Junta de Andalucía sigue manteniendo que la ampliación de regadíos no supone ningún daño medioambiental para este humedal y ha conseguido el apoyo de Manfred Weber, el jefe de filas de los populares europeos en la Eurocámara y presidente del partido.

En una carta de Weber dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans y al comisario de Medio Ambiente, se asegura que esta nueva normativa que quiere poner en marcha el Gobierno andaluz «protege Doñana, ya que no permite la explotación del acuífero que alimenta el parque y no concede automáticamente el derecho al riego de las tierras clasificadas como tierras agrícolas regales con aguas superficiales».

En la misma misiva se asegura que la ley «no afecta al Parque Nacional ni al Parque Natural, ni siquiera al preparque» sino que «sólo se refiere a la Corona Norte, que se encuentra a 30 o 40 kilómetros».

Por su parte, el partido socialista también se está movilizando para recabar apoyos en el hemiciclo europeo. El grupo de los socialistas en la Eurocámara pretende organizar un viaje de eurodiputados de diferentes grupos políticos para que visiten este humedal y sean conscientes de la situación.

En un video difundido en las redes sociales, la jefa de filas de los socialistas, Iratxe García, asegura que «El Partido Popular y Vox, en contra de los expertos, de la ciencia de la Comisión Europea y de todas las directivas que estamos impulsando en el Parlamento en materia de biodiversidad y de protección de los humedales, ha decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana».

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, avisó a la Junta de Andalucía de que si no retira el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.

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