Las defensas cierran el juicio del Palau: Patrocini fue un encargo “político”
Los abogados piden la libre absolución de Joaquín Maldonado y Pablo Broseta
Las dos últimas defensas en intervenir en el juicio por las supuestas irregularidades en la gestión del Palau de les Arts han coincidido con el resto al pedir la libre absolución de sus clientes y al insistir en que la iniciativa empresarial Patrocini de les Arts fue un encargo “político”. El juicio, que se inició el pasado 21 de noviembre, ha quedado este lunes visto para sentencia con la lectura de los informes de las dos últimas defensas, las de los empresarios Joaquín Maldonado y Pablo Broseta, que al igual que ya hizo el resto, han pedido la libre absolución de sus representados.
Ninguno de los procesados ha hecho uso del derecho a la última palabra. En la penúltima sesión, celebrada el pasado viernes, la Fiscalía redujo la solicitud de las condenas de 8 a 5 años en el caso del ex director financiero del Palau Ernesto Moreno, de 7 a 3 años en los casos del empresario Joaquín Maldonado y el abogado José Antonio Noguera, y de 7 a 2 años para el excónsul de Francia en Valencia y empresario Pablo Broseta.
El Ministerio Público mantiene que los hechos relacionados con Patrocini de les Arts vinculados a la creación, adjudicación y pago de las tareas de captación de patrocinadores son constitutivos de un delito de malversación en concurso con otro de prevaricación, de los que considera autor a Moreno y a los empresarios Noguera y Maldonado en condición de cooperadores necesarios.
Respecto a los hechos relacionados con Pablo Broseta y su mercantil Radcliffe, relativos a la facturación con sobrecostes de servicios de impresión, los hechos han sido calificados como un delito continuado de malversación, por el que deberá responder el empresario en calidad de cooperador necesario -Moreno es considerado autor en todos los casos-. El letrado de Joaquín Maldonado, Jaime Sanz de Bremond, ha advertido al tribunal: “A mi patrocinado sólo se le imputa no haber seguido los trámites de contratación administrativa y el haber presentado al cobro una factura de 300.000 euros en relación al evento Viva Europa (2009)”.
En este sentido, ha insistido en que “para que haya prevaricación es necesario que haya una resolución objetivamente contraria”, y ha mencionado el informe que elaboró el entonces presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, sobre la naturaleza jurídica privada de la Fundación del Palau de les Arts. La “mera existencia de opiniones jurídicas fundadas y divergentes” sobre la naturaleza jurídica de la fundación evidencia, a juicio de este letrado, que no se incurrió en ninguna “contradicción manifiesta”.
“Según el informe de Garrido, los contratos relacionados con instrumentos financieros de cualquier modalidad se entienden excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público, y esto -el encargo de la gestión de patrocinios- fue claramente un contrato de captación de fondos”. Por otra parte, ha explicado que los fondos obtenidos por Patrocini de les Arts para el desarrollo de los eventos Viva Europa “no se apartaron de su destino” y, por lo tanto, ha cuestionado que se mantenga la acusación por malversación.
Según Sanz de Bremond, este grupo de empresarios procesados “fueron llamados por una cuestión política -ha aludido directamente a la exconsellera Trini Miró y al ex secretario autonómico Rafael Miró-, porque se pensó que esta iniciativa era la mejor para conseguir patrocinios para el Palau de les Arts”. “Si la consellera de Cultura no tuvo nada que ver, ¿por qué Vicente Garrido le remite una nota -el referido informe- cuando Patrocini de les Arts ni siquiera existía?”, se ha preguntado este letrado.
“No era su interés -el de los empresarios- hacer negocio a costa del Palau. De hecho, ellos se centraron en Viva Europa más que en los patrocinios, con independencia de que les llamaron para hacer gestiones relacionadas con patrocinios, y por supuesto cobran ese trabajo”, ha apuntado antes de pedir la libre absolución de Maldonado. El abogado de Patrocini de les Arts ha recordado que la exintendente Helga Schmidt -investigada en esta causa hasta su fallecimiento el pasado mes de septiembre- “ya externalizó la gestión de los patrocinios con éxito en el Covent Garden de Londres”.
“Aquí se quiso hacer lo mismo con reconocidos empresarios valencianos, se ha demostrado que la Conselleria de Cultura redactó el contrato y dio el visto bueno a los socios. Patrocini de les Arts fue una decisión de la Conselleria y el Palau”, ha insistido. El letrado del excónsul de Francia en València y empresario Pablo Broseta, Abraham Castro, ha empezado su exposición agradeciendo al fiscal Ricardo Olivares que retirase la acusación de haber cobrado por trabajos ficticios y de haber acotado el resto de su acusación al supuesto sobrecoste de otros encargos.
“El gesto llega tarde, porque nunca debió ser mi cliente objeto de acusación; y se queda corto porque la retirada de la acusación debió haber sido completa. Pero más vale tarde que nunca y más vale poco que nada”, ha afirmado. Supone el fiscal que el que subcontrata no puede recibir beneficio alguno, “pero la verdad es que el adjudicatario afronta responsabilidades de cara a la Administración, asume gastos financieros y fiscales, como sucedió ante los impagos del Palau”.
A juicio de este letrado, se ha demostrado que fue el Palau quien impuso a Broseta la subcontratación de los trabajos de impresión con firmas de su confianza, que nunca hubo quejas por los supuestos sobrecostes y que los precios facturados siempre fueron “totalmente lógicos y de mercado en aquella época”, de 2008 a 2011.Además, ha insistido en que “Moreno y Broseta no se conocían antes de esto”, se ha preguntado “por qué iba a querer Moreno beneficiarle” y ha destacado que las alusiones a su amistad “han desaparecido del informe del fiscal”.