Carrie Lam retira la ley de extradición que provocó las protestas en Hong Kong
La responsable del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado la retirada formal del controvertido proyecto de ley de extradición que ha llevado a la ciudad gobernada por China a su peor crisis política en décadas.
El proyecto de ley, que habría permitido extradiciones de presuntos delincuentes a China continental, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista, provocó meses de disturbios y planteó el desafío más grave para el líder chino Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012.
La decisión implica que el Gobierno de la antigua colonia británica accede finalmente a la primera de las cinco demandas de los manifestantes, que llevan tres meses llenando las calles de Hong Kong para protestar por la medida y para mostrar su rechazo a las injerencias de Pekín en el gobierno de la ex colonia británica.
Tras la presión de las manifestaciones masivas, Lam decidió el 15 de junio suspender la tramitación de la norma aunque no accedió a retirarla de su tramitación parlamentaria. El proyecto de ley impone la extradición de supuestos delicuentes a jurisdicciones con las que Hong Kong no tiene un tratado, incluido el territorio continental chino.
Los manifestantes han mantenido sus protestas desde hace tres meses y sostienen que mientras la norma no sea retirada el Ejecutivo que lidera Lam puede retomar en cualquier momento su tramitación para aprobarla durante el actual periodo legislativa, que termina en 2020.
Lam defendió inicialmente su decisión de suspender la tramitación manteniendo el proyecto de ley y aseguró que el Gobierno tiene derecho a impulsar ese texto legal más adelante si lo considera oportuno. Un día después de la suspensión de la tramitación de la norma, cerca de dos millones de personas se manifestaron el 16 de junio en Hong Kong para exigir su retirada y, desde entonces, las movilizaciones se han mantenido.
Además de la retirada de la ley de extradición, los manifestantes han exigido al Gobierno la creación de una comisión de investigación sobre la represión policial de las protestas, una amnistía para los manifestantes detenidos, la reactivación del proceso de reformas políticas y que las autoridades dejen de definir las movilizaciones como disturbios.