El abono transporte gratis para mayores de 65 años costará 168 millones
Decía un político de la Transición que, «las promesas electorales que más llegan al corazón de los ciudadanos, son aquellas que antes pasan por el bolsillo»; es decir, que las más populares, o mejor consideradas por el contribuyente, son las que tienen que ver con la presión fiscal o el precio de los servicios. Las dos promesas estrella del programa del PP en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid fueron, sin duda, las de carácter económico: bajada de los impuestos y transporte público gratuito para los mayores de 65 años, un grupo de edad que se puede ver favorecido con ambas medidas.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, era consciente de que estas dos ofertas, debía mantenerlas en su pacto de gobierno con Ciudadanos, y así lo manifestó e «impuso» desde el principio de las negociaciones con Ignacio Agudo, sin que en ningún momento los del partido naranja pusieran obstáculo alguno, aunque en el caso de la gratuidad del transporte, sí se han hecho números y barajado posibilidades de extenderlo a otros colectivos, como el de los parados de larga duración.
En la Comunidad de Madrid hay 1.126.000 personas mayores de 65 años, lo que representa el 17,3 por ciento de la población, una cifra que en 2023 llegará a 1.300.000, y de esta manera nuestra región se coloca a la cabeza de las de mayor expectativa de vida. Si todos los que forman parte de este colectivo de población, fueran usuarios del transporte público y se acogieran al bono transporte gratuito del mismo, le supondría a la Comunidad un coste aproximado de 168 millones de euros anuales, o lo que podría considerarse como un lucro cesante en los ingresos del Consorcio Regional del Transporte.
Actualmente, en el sistema tarifario existe el abono anual para la tercera edad, que cuesta 123 euros, y que utilizan, aproximadamente, unos 600.000 usuarios, que si siguieran utilizándose cuando se convierta en gratis total, la Comunidad dejaría de ingresar unos 73 millones de euros por los abonos anuales que actualmente se compran.
Ni que decir tiene que la propuesta electoral del PP, que ahora se convierte en promesa de la presidenta Díaz Ayuso, expresada en su discurso de investidura, ha sido saludada por el colectivo de mayores, pero también por toda la sociedad en general, porque nadie cuestiona que medidas de esta naturaleza benefician a una parte sensible de la población cuyos recursos económicos son más precarios. Pero también es cierto que otros colectivos, entre ellos algún sindicato, están estudiando y piensan plantear ante el Gobierno de la Comunidad, que la gratuidad total en el transporte público se extienda también a los parados de larga duración.
Parados de larga duración
Actualmente, se les financia a los desempleados que estén cursando actividades de formación, con la idea de facilitar sus desplazamientos a bajo coste. El argumento de que quienes se plantean, y van a reivindicar, transporte gratuito para los parados, tiene una filosofía basada en datos reales, y que justificaría esa equiparación de beneficios con la tercera edad. La pensión media de un jubilado en la Comunidad de Madrid, es de 1.161 euros mensuales; la prestación media de un parado es de 880 euros. En la región, el paro afecta a 364.000 personas; de ellas, 165.000 son desempleadas de larga duración.
Con esos datos en la mano, la pregunta parece elocuente: ¿porqué los desempleados no pueden tener derecho al mismo beneficio que los mayores de 65 años, cuando su nivel de ingresos es mucho menor; en la mayoría de los casos tienen familia a su cargo y, además, necesitan desplazarse en busca de empleo? ¿Y cuál es la postura de los empresarios del transporte público ante la decisión del Gobierno de la Comunidad de hacerlo gratuito para los mayores de 65 años?
Cuando, en plena campaña electora, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, hizo esta promesa de gran calado social, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), patronal del transporte público urbano, señaló que, tal medida, «podría desembocar en un uso abusivo del servicio y el usuario no sería consciente de su valor». Recordaba que, aproximadamente, el 50 por ciento del sistema se financia «vía recursos públicos, y el resto, vía de ingresos tarifarios, que es la cantidad que habría que compensar a través de nuevos impuestos y recursos». En concreto, la Comunidad de Madrid es la que más dinero destina al transporte público, con 3.727 millones desde 2015 y financia el 60% del billete.
Tardó muy poco tiempo la patronal en cambiar su postura, consciente quizá de lo impopular de la misma, incluso habló de un «malentendido». En un comunicado expresó que, propuestas como las de la candidata del PP, «mejoran la vida de las personas mayores de 65 años y son bienvenidas. En una sociedad que necesita una descarbonización urgente, y en la cual existen vehículos privados por encima de lo que las ciudades pueden soportar, el mayor uso del transporte colectivo es una medida bien recibida y aplaudida».
Ya es conocido que la ATUC, lleva tiempo reivindicando una financiación del transporte público «adecuada a las necesidades del país», porque la actual es «a todas luces, insuficiente», y en consecuencia, la necesidad de una Ley Nacional de Financiación del Transporte Colectivo. El asunto recobra actualidad: transporte público gratis total para los mayores de 65 años en la Comunidad de Madrid, y petición de que este beneficio se extienda al colectivo de parados de larga duración. ¿Cuál será la respuesta del gobierno Díaz Ayuso-Ignacio Aguado?.