El agujero de la Seguridad Social será de 17.000 millones este año
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que el déficit público del conjunto de las administraciones públicas cierre este ejercicio en el 2% del PIB, dos décimas menos de lo que estimaba si se hubiesen aprobado los Presupuestos. De esta forma, su estimación iguala el objetivo que se ha marcado el Gobierno para este año y que remitió a Bruselas, pero que se encuentra igualmente muy lejos del 1,3% comprometido inicialmente con la Comisión Europea. Esto supondrá un desvío de casi 9.000 millones de euros.
La mejora en las previsiones de la Airef viene impulsada por la liquidación del IRPF de 2018, la buena marcha de las cotizaciones sociales (+7,5%) y la revisión del gasto en intereses de la deuda. El organismo mejora las previsiones de la Administración Central y de los Fondos de la Seguridad Social, pero empeora las de las comunidades y las corporaciones locales. Pese a la mejora de su déficit, el agujero de la Seguridad Social alcanzará casi los 17.000 millones de euros, con una subida del gasto en pensiones del 5,9% y un alza 3,7% del gasto en desempleo. En concreto, se estima un déficit de la Seguridad Social del 1,3% del PIB, aunque muy por encima del objetivo del 0,9%. Para cumplir la meta, la Airef señala que sería necesario un ajuste («muy improbable») de 6.000 millones de euros.
El informe constata que se ha detectado riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad en 13 de las 17 comunidades, y de la llamada «regla de gasto» (evita que el gasto público aumente por encima del crecimiento del PIB), en otras 11. En este sentido, la Airef ha pedido al Ministerio de Hacienda que tutele y tome medidas sobre las cuentas de varias de estas regiones.
Por las desviaciones previstas tanto en el objetivo de déficit como en el crecimiento del gasto, la Airef formula recomendaciones a Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. No obstante, como estas comunidades ya incumplieron las reglas fiscales el año pasado, ya están «semiintervenidas», inmersas en un proceso de elaboración del plan económico-financiero (PEF). Por lo tanto, «no procede la aplicación de medidas preventivas, puesto que será en el marco del PEF donde tendrán que ajustar su escenario fiscal». La Autoridad Fiscal también propone la adopción de mecanismos preventivos de tutelaje para Canarias, Madrid y Navarra, debido al elevado crecimiento de sus gastos, que oscila entre el 5% y el 8%.
La Airef ha puesto también en su punto de mira a varios ayuntamientos, para los que recomienda al Ministerio de Hacienda que active medidas preventivas previstas. Es el caso de Madrid, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria, así como el cabildo insular de Tenerife, por el fuerte incremento registrado y previsto en los gastos, cercano al 10%.