Una semana del cambio y cuatro desafíos que esperan al alcalde de Madrid

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está dispuesto a dar cumplimiento, lo antes posible, a los asuntos que marcó como prioritarios en su oferta electoral: reversión, o modificación drástica de Madrid Central; anular los polémicos semáforos de la A-5, poner en marcha la Operación Madrid Nuevo Norte o la rebaja fiscal. Pero esta ciudad tiene otra serie de necesidades perentorias que no se especificaban en las propuestas electorales. Podría decirse que, a pesar de estar «fuera de programa», deben entrar en un listado de proyectos e iniciativas, a ejecutar por parte del gobierno de Almeida, asuntos como el desbloqueo de la Operación Campamento; exigir al Gobierno central la subvención de capitalidad que le corresponde a Madrid y que tiene pendiente desde que en 2006 Ruiz Gallardón y Zapatero firmaran la Ley de Capitalidad; regulación del fenómeno del «top manta»; un plan de rehabilitación social de la Plaza Mayor, o reconsiderar, de acuerdo con la Comunidad, la construcción del prometido hospital público en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

Cierre de Madrid por el sur

Por falta de la necesaria voluntad, por «descuido» o desgana, el gobierno de Manuela Carmena dejó pendiente la puesta en marcha de la Operación Madrid Nuevo Norte, que a pasado a ser una de las prioridades del nuevo gobierno municipal. Pero queda pendiente el cierre del desarrollo urbanístico por el sur: la Operación Campamento, una iniciativa que tiene previsto desbloquear lo antes posible Martínez Almeida. La Operación Campamento data de 2005, aunque la idea y los primeros estudios de viabilidad surgieron en 1998. El primer protocolo fue firmado por los responsables de las tres administraciones implicadas: Ministerio de Defensa, el de Vivienda y el Ayuntamiento, cuyos responsables eran José Bono, María Antonia Trujillo y Alberto Ruiz Gallardón, respectivamente. Era necesaria también la participación de la iniciativa privada en este proyecto, y por él se interesó el magnate chino Wang Jianli, propietario del grupo Wanda, dispuesto a invertir 3.000 millones, pero los problemas burocráticos, la lentitud administrativa y la desidia de Defensa hizo que el empresario chino se retirara y el desarrollo urbanístico empezara a dormir el sueño de los justos.

El proyecto, que ahora parece que va a ser desbloqueado, prevé una actuación urbanística sobre más de un millón y medio de metros cuadrados calificados como urbanizables en la denominada zona A, con la construcción de 22.000 viviendas –10.000 de ellas de protección oficial– centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, colegios, instalaciones deportivas, el soterramiento de una parte de la carretera de Extremadura, la construcción de un intercambiador de transportes y un aparcamiento disuasorio con más de 2.000 plazas. Por lo que se refiere a la zona B, la superficie supera los seis millones de metros cuadrados, en los que se podrán edificar 50.000 viviendas.

El futuro hospital de Carabanchel

Unos meses antes de que comenzara la pasada campaña electoral, colectivos de vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina se reunieron con los partidos políticos para pedirles que se comprometieran, de una vez por todas, a construir el demandado hospital público en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Parece, según los vecinos, que todas las formaciones prometieron descongelar el proyecto para, en colaboración con el gobierno de la Comunidad, dar salida a esta obra, aparcada desde hace nueve años, por culpa de la crisis económica.

La parcela reservada para construir el futuro hospital, que prestaría servicio a más de medio millón de habitantes, tiene 40.000 metros cuadrados de superficie. Hablamos de usuarios que en estos momentos tienen como hospitales de referencia el Doce de Octubre, a seis kilómetros de distancia de Carabanchel, y el Clínico, a nueve kilómetros de Latina. Aunque para paliar esa precariedad, desde 2011 los vecinos reciben atención en el Hospital Militar Gómez Ulla gracias a un convenio de colaboración que firmaron la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, convenio que se extinguirá en 2021. Puede que para entonces no sea necesaria su renovación porque se haya culminado el nuevo hospital, para el que el Ayuntamiento de Madrid cedería los terrenos y la Comunidad lo construiría e integraría en la red regional de hospitales públicos. Parece que hay buena sintonía y esta vieja aspiración de más de medio millón de madrileños terminará siendo una realidad.

Financiación por capitalidad

En 2006, el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el alcalde de la capital, Ruiz Gallardón, firmaron la tan deseada Ley de Capitalidad de Madrid, un derecho reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, aunque dejaron pendiente «para más adelante» el asunto más importante de esta Ley: la financiación a Madrid por los gastos y el lucro cesante que le origina ser la capital del Estado. El Ayuntamiento reconoce que el coste anual es de unos 500 millones de euros. A la prestación de servicios municipales para actos y eventos de carácter nacional hay que añadir el lucro cesante, el dinero que se deja de ingresar por la exención del IBI a los edificios públicos, de la Iglesia, fundaciones, embajadas y consulados, por estar ubicados en la capital de España, así como la exención del impuesto municipal de circulación a los vehículos del parque móvil y de las representaciones diplomáticas.

El gobierno de Martínez-Almeida está dispuesto a exigir al nuevo Ejecutivo central que se cumpla esta legítima subvención por capitalidad, que quedó en suspenso en 2006 y que nadie ha reivindicado hasta ahora.

El «top manta» y la Plaza Mayor

Hace unos días, el alcalde de Madrid prometió a los empresarios de la CEIM abordar el espinoso y creciente fenómeno del «top manta», sobre todo, en el centro de la ciudad. Aunque el asunto no tenía especificación concreta en el programa electoral del PP, se va a estudiar la manera de abordarlo y, así, acabar con un problema, hasta ahora consentido, que supone una flagrante competencia desleal con el comercio legalmente establecido.

La iniciativa podría ir por la persecución rigurosa de esta actividad, a todas luces ilegal, que además esconde otro fenómeno, el de la falsificación de productos, hasta extinguirla, o por la redacción de una ordenanza específica que regulara la actividad, como complemento a la existente ordenanza de venta ambulante.

Otra iniciativa que está por venir tiene como escenario la histórica Plaza Mayor. Coincidiendo con el cuarto centenario de su construcción, se concluyeron en 2017 los trabajos de rehabilitación de edificios y estructuras, pero queda pendiente lo que puede llamarse rehabilitación social de este enclave histórico. Manuela Carmena hizo un censo de mendigos que ocupan permanente los soportales de esta pieza monumental, pero no se pasó de ahí, y la Plaza Mayor continúa siendo, cada vez más, un lugar donde viven, pernoctan, hacen sus necesidades y tienden sus mantas, cartones y otros utensilios muchos «sin techo» para menoscabo de un lugar tan turístico y perjuicio para los comerciantes allí establecidos. Urge un plan de actuación social para resolver un problema cada vez más acusado.