El Govern mantiene su beligerancia con Colau
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha mantenido esta mañana la beligerancia con Ada Colau, aunque con matices. Budó, que hace unos días apelaba a “dar una respuesta de país” si los “comunes” arrebataban la alcaldía de Barcelona a Ernest Maragall, hoy ha evitado aclarar el significado de esas palabras aduciendo que cuando las pronunció lo hacía en calidad de dirigente de un partido político (JxCat) y ha reconocido, incluso, la “legitimidad política” de la líder de BComú para empuñar la vara de mando. En este sentido, ha precisado que la Generalitat “no tiene ningún papel” en lo que deba suceder en la capital catalana.
No obstante, Budó también ha insistido en que toda la maniobra para que Colau sea de nuevo alcaldesa de Barcelona es una “operación de Estado”. A su juicio, la proyección que tiene la ciudad en el mundo ha hecho que tanto PSC como C’s se hayan puesto de acuerdo para impedir que gobierne el independentismo. Un razonamiento que ha usado para diferenciar a Barcelona de Tarragona, donde gobernará ERC, que ha quedado por detrás del PSC, con el apoyo de los “comunes”. En todo caso, ha asegurado, a título personal, que preferiría que gobernarán las listas más votadas porque es un “avance democrático”.
Por otro lado, también se ha referido al juicio de los políticos presos, que concluirá mañana. Budó ha pedido la puesta en libertad de los dirigentes políticos y ha avisado de que Quim Torra está preparando una respuesta en caso de que haya sentencia condenatoria. De hecho, hoy el president se ha reunido con ERC en el marco de una ronda de contactos con partidos y entidades independentistas.
Budó también ha aludido a la carta que Torra envió la semana pasada a Pedro Sánchez para mantener un encuentro y reactivar el diálogo. La portavoz del Govern confía en que el líder del PSOE dé una respuesta formal cuando se forme Gobierno.
Finalmente, el Consell Executiu ha aprobado una estrategia contra la corrupción, que incluye una batería de 25 actuaciones -centradas en ámbitos como la contratación pública, las incompatibilidades o el conflicto de intereses-. Todas las medidas deberán estar desarrolladas en dos años y medio. La iniciativa, en todo caso, coincide justo con puesta en libertad de Oriol Pujol, que ha desatado sospechas sobre el trato al ex dirigente convergente, que fue condenado a dos años y medio por el “caso ITV”, y tras ingresar el 17 de enero, el 29 de marzo obtuvo el tercer grado. Budó ha defendido que esa puesta en libertad ha sido acordado en base a criterios judiciales y del propio centro penitenciario.