Las obras en la era Carmena: 18 meses de demoras
Lejos de agilizarse, los plazos de los permisos de obra en la ciudad de Madrid se dilatan cada vez más. Así lo revela el informe presentado ayer por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Coam), en el que han participado 381 profesionales, y que recoge datos correspondientes a este mes de abril. El resultado denota que el Ayuntamiento de Manuela Carmena, con José Manuel Calvo al frente de la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, va alargando unos tiempos de espera que, a la larga, están teniendo un impacto económico negativo.
Las licencias que requirieron más tiempo fueron las correspondientes a obra nueva residencial. En líneas generales, más de la mitad de los arquitectos tuvo que aguardar un año o más. Alrededor de un 30% de los encuestados esperó más de 12 meses para comenzarlas, mientras que un 26’5% reportó una demora superior a los 18 meses. En 2017, el número de participantes que señaló retrasos de 12 meses o más era del 42%.
La rehabilitación de edificios requirió asimismo plazos extensos. Más de un 44% de los arquitectos detectó periodos superiores a los 12 y los 18 meses, frente a sólo un 18% que contó con un plazo de entre tres y seis meses. En las mismas fechas de 2017, la cifra de proyectos con más de un año de retraso era sólo del 27%.
Mejores son los datos en lo que respecta a los plazos de las reformas de viviendas, los más solicitados en la capital. Una cuarta parte indicó que el periodo total de tramitación osciló entre los seis y los nueve meses; un 27%, medio año o menos y en torno al 30% requirió un año o más.
José María Ezquiaga, decano del Coam, señaló que los plazos nunca deberían «ser superiores a los seis meses». «Se tarda más en tramitar la licencia que en elaborar el proyecto, lo cual es antieconómico», añadió. Una de las principales repercusiones –o al menos esa es la percepción que tienen los arquitectos– es la de la «pérdida de clientes», sobre todo de inversores extranjeros.
Además, esta situación provoca que las empresas «aprieten» más en los plazos de obra, lo cual provoca que en los casos de rehabilitación de viviendas los «técnicos trabajen sin mucho conocimiento». Un factor que, a la larga, puede repercutir en las condiciones de seguridad en las que se desempeñan estos trabajos. De hecho, el Coam ha recibido casos de arquitectos que viven auténticas situaciones de estrés debido a las presiones que reciben.
En opinión de Ezquiaga, parte del problema es que las plantillas de técnicos municipales llevan congeladas desde la crisis de 2008, una época en la que «había poca actividad en el ámbito de las licencias», de tal forma que ahora, cuando hay un cierto repunte, se nota esa falta de efectivos. Así, desde el Coam consideran necesario no sólo reforzar la plantilla municipal, sino elaborar una Ley del Suelo actualizada y legible. Y, por supuesto, también sería deseable una renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1997. No en vano, la situación lleva a confusión incluso dentro del gremio de arquitectos, ya que «existen disparidad de criterios a la hora de interpretar la norma, que no es la misma en el distrito de Arganzuela que en el de Salamanca». Así, los arquitectos esperan que estos problemas figuren en la hoja de ruta de los partidos políticos para las próximas elecciones municipales y autonómicas.