El PP plantea penas de entre 1 y 3 años de cárcel para los okupas
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy en Barcelona que su grupo parlamentario en el Congreso presentará una proposición de ley que implicaría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la okupación de una vivienda sea considerada delito penado con entre 1 y 3 años de prisión, a la vez que la policía pueda desalojar a los okupas en 24 horas.
En un acto en Barcelona acompañado del alcaldable del PPC en Badalona, Xavier García Albiol, el líder del PP Catalán, Alejandro Fernández, la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, y la secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alícia Sánchez-Camacho Casado ha explicado que la propuesta pretende que la "usurpación de un bien" como la vivienda pase a ser considerado delito, con penas previstas de prisión de 1 a 3 años.
Asimismo, el líder popular ha defendido que los inmuebles ocupados no tengan condición de domicilio, para que no se puedan empadronar en esas viviendas quienes no estén autorizados por los propietarios; o que personas jurídicas también puedan hacer este tipo de acciones, ante la "estimación de que un 25 % de vivienda de bancos o inmobiliarias están ocupadas".
El PP también propone que las comunidades de propietarios se puedan personar y tomar medidas como tapiar la puerta del inmuebles ocupado; y, por último, con esta modificación "en menos de 24 horas y a partir de 12 horas las fuerzas del orden podrán, con autorización pertinente, echar a los ocupas", ha relatado, para "agilizar" el proceso. Para Casado, con esta medida se podrá garantizar la propiedad privada, la seguridad y tranquilidad del vecindario y recuperar el mercado del alquiler, informa Efe.
En todo caso, ha matizado que "aquellas personas que, después de haber alquilado, tengan un problema económico, por cuestiones sociales o pérdida de empleo, no van a ser consideradas okupas”. Y ha incidido que "cuando el artículo 18 de la Constitución habla de intimidad domiciliaria, no es para los okupas, sino para quien está alquilado legalmente. No podemos considerar que los okupas tengan la intimidad, protección y barreras para acceder a la vivienda que plantea la Constitución". Casado ha defendido que se trata de un mecanismo "legal, eficaz, social y muy pegado a la seguridad ciudadana" y ha argumentado que se presenta esta reforma en Badalona porque en grandes ciudades como ésta "hay miles de viviendas okupadas".