La CUP acusa al Govern de «rebajar» las leyes suspendidas y pide desobedecer al TC

Nueva muestra del distanciamiento definitivo entre la CUP y el Govern de Junts per Catalunya y Esquerra: los anticapitalistas acusaron ayer al Ejecutivo de Torra de «rebajar» el carácter social de las leyes suspendidas que ahora pretende recuperar y reclamaron que el independentismo desobedezca al Tribunal Constitucional. Su voluntad es que el independentismo lleve al Parlament los textos íntegros de las 14 normas tumbadas, sin las modificaciones previstas para adaptarlos a la jurisprudencia del TC.

Tras conocerse la intención del Govern, la CUP alertó de que esta decisión evidencia «la falta de voluntad política del Govern de superar las imposiciones de unos tribunales que legislan en contra de los derechos y necesidades de la gente». A su juicio, también demuestra la «imposibilidad de realizar una auténtica transformación de las políticas sociales, medioambientales o de redistribución de riqueza» en el marco constitucional actual.

«Los derechos, y sobre todo los derechos sociales, no se negocian, sino que se ejercen ante unos tribunales políticos como el TC que hace demasiado tiempo que solo sirven para recortar y negar derechos fundamentales, en un Estado donde el poder político y judicial está al servicio de las grandes empresas del Ibex 35», destacaron los anticapitalistas.

Por ello, la CUP insta al Govern de Torra a «hacer efectivas inmediatamente todas aquellas leyes sociales anuladas o suspendidas por el TC y a dejar de someterse a la voluntad del Estado español en contra de los intereses de una mayoría».

Sin embargo, el Ejecutivo de Junts per Catalunya y Esquerra ha decidido rebajar el enfrentamiento y ha limitado la recuperación de las leyes sociales suspendidas por el TC, una de las promesas de Torra desde el día de su investidura. Elsa Artadi habló ayer de buscar «alternativas legales» para «dar efectividad» a cuatro leyes concretas: la de igualdad entre mujeres y hombres –sólo se aplicará a la Administración pública–; la del cambio climático –se justificarán los casos de prohibición del
«fracking»–; la de asociaciones de consumidores de cánnabis –se rehará con las entidades–; y la de la Agencia Catalana de Protección Social –sólo se suspendieron las competencias futuras–.