El Prior insiste: «Sin el sí de los Franco no habrá exhumación»
Moncloa se enfanga cada vez más profundamente en el pantano político en el que se ha metido con la exhumación de los restos mortales de Franco. Fiel a su estrategia de gestos y desbordado por los pasos en falso que se han dado jurídicamente, el Gobierno pone toda la carne en el asador en su campaña de desprestigio contra Santiago Cantera, Prior de la comunidad benedictina que desde 1975 –y por expresa disposición de Juan Carlos I– custodia los restos del general Franco en el controvertido monumento de la sierra de Madrid.
Según ha podido saber LA RAZÓN, el pasado 12 de diciembre se recibió en el Valle la solicitud de autorización eclesiástica para trasladar el cuerpo de Franco. La contestación llegó al despacho de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dos semanas más tarde. En su escrito remitido al Gobierno, al que ha tenido acceso este diario, el Prior se limita a repetir cual es la posición de la Iglesia desde el comienzo de la polémica: sin la autorización de la familia Franco no se puede otorgar la preceptiva autorización para que se realice la exhumación. En el documento se recuerda que el interior de la Basílica goza del privilegio de inviolabilidad que da a la Iglesia competencia exclusiva en esta materia según lo dispuesto tanto en el Código de Derecho Canónico como en el artículo I.5 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos firmado hace exactamente 40 años, el 3 de enero de 1979. De otorgarse la exhumación, se dice en la misiva, la Comunidad benedictina «incumpliría principios religiosos y morales que no podemos desconocer y podríamos afectar a derechos fundamentales de los familiares del difunto produciéndose un perjuicio irreparable».
En cualquier caso, los monjes del Valle declaran estar sujetos en todo momento «a lo que decidan en su día las autoridades competentes que, dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales». La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso administrativo ya dejó claro en diciembre que la exhumación «no podrá ser ejecutada sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto».
La reacción del Gobierno ha sido acusar de «obstruccionismo» y recordar la trayectoria política de Cantera, que fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por el partido Falange Española Independiente. En un intento de enfrentar al Prior del Valle con otras autoridades eclesiásticas, Moncloa señaló ayer que «La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la iglesia española avala la negativa del prior y la negativa de la propia familia Franco». En la misma línea se pronunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que el Prior «se define por su pasado político previo» y que, en todo caso, «el Gobierno está decidido» a proceder a la exhumación de los restos de Franco pase lo que pase.