Más concreción y plazos y un cariz liberal en el programa para la XI Legislatura
La principal diferencia entre el pacto suscrito entre PP y Cs y el que firmaron los naranjas con el PSOE en junio de 2015 para la investidura radica, aparte de en los actores, en el marco temporal de cumplimiento de 100 días para las primeras 21 medidas pero también en el fondo de las cuestiones. El contenido es parejo en los puntos económicos, que centraban el documento del acuerdo con el PSOE, en un tiempo en el que se superaba el millón de desempleados, pero el pacto con el PP aborda más de lleno aspectos de regeneración democrática (que en la anterior legislatura se abordaron en un segundo documento) y presenta una concreción mayor, una mayor claridad en las políticas a adoptar. El impacto de las medidas se acerca más, de hecho, al acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Albert Rivera tras las elecciones del 20D que en el esbozo de apenas tres páginas que sustentó la investidura de Díaz.
El acuerdo firmado por Juan Cornejo, por parte del PSOE-A, y Manuel Buzón, por parte de Cs, arrancaba con un primer punto sobre la Ley del Emprendimiento. En el pacto con el PP, se señala expresamente que se pondrá «en marcha un Grupo de Expertos para definir la Estrategia de Simplificación Normativa y Administrativa para la optimización legislativa, la eliminación de las trabas burocráticas, la mejora del tratamiento del silencio positivo para la tramitación de las convocatorias y su resolución, así como medidas referidas para facilitar el emprendimiento con la oficina virtual, la ventanilla única empresarial y la licencia exprés». El documento PSOE-Cs también recogía la simplificación de trámites. El plan de apoyo a los autónomos es más ambicioso con medidas como el establecimiento de una tarifa superreducida y la bajada del IRPF. La supresión del impuesto de sucesiones, uno de los puntos que más le costó ceder al PSOE, era la primera medida anunciada por el PP si llegaba a la Junta y también bandera de Cs.
La promesa de una Ley Integral de Agricultura, del plan para la agroindustria, el de fomento de la construcción, la estratégica energética o la industrial se denomina ahora «Plan Estratégico de Competitividad para la Agricultura, Ganadería, la Pesca y el Desarrollo Rural». Desaparecen del documento las alusiones a la ley de mecenazgo. El Plan de lucha contra el fraude fiscal no aparece. Se presenta el «Proyecto de Ley Andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, en la que se recoja la protección y tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas y corruptas» y que «incluirá la creación de una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción destinada a prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, así como a resolver sobre los recursos y ejercer las competencias sancionadoras por incumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos». Sí se repite la mención a la Ley de Formación Profesional.
El acuerdo, sin resultar definitivo porque depende del apoyo de Vox, resulta definitorio y marca por dónde va la alianza, al tiempo que denota que Cs, en estos tres años y medio, ya tiene una experiencia de la que adolecía la pasada legislatura y que llevó a situaciones como que el PSOE obtuviera la Presidencia del Parlamento y hasta de la comisión de investigación de la Faffe.