Las organizaciones agrarias califican de «fracaso» las políticas ante la despoblación
La Alianza UPA-COAG calificó de «fracaso» las políticas frente a la despoblación en Castilla y León en un año «marcado por la negociación de una PAC cuya aplicación entrará en vigor en uno o dos años, fuera de tiempo», con un recorte de presupuesto «lineal».
Así lo aseguró el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, que recordó que desde la organización agraria «se ha trabajado en la búsqueda de un acuerdo común entre comunidades» para que la despoblación «tenga eco en la nueva PAC».
En el habitual balance elaborado por la Alianza al término de cada año, lamentaron que «no se esté caminando en defensa del modelo social agrario y familiar» que defienden y comentó que han reclamado a la Junta «sentido y responsabilidad» en sus políticas y que impulse actuaciones a favor de los «verdaderos profesionales del sector, que tienen como actividad principal la agricultura y ganadería».
A su juicio, «nada se ha avanzado» en materias clave como la mejora de las explotaciones, la incorporación de jóvenes o la inversión en obras hidráulicas.
La Alianza también dsimitificó que el año 2018 se caracterice por haber registrado una «cosecha histórica» como «lo vendió la Junta». «Ha sido buena, sin más, y lejos de lo que se preveía», aseveró Pérez, quien ensalzó la producción en pastos y forrajes y lamento el «irregular» resultado en ramas agrarias.
En todo caso, aclaró que todos ellos se han visto perjudicados por los bajos precios y por ello reclamó la puesta en marcha de una normativa «legal» que garantice precios mínimos, por encima de los costes, y que «logre un mejor reparto de la cadena de valor».
En este sentido, anunció que UPA-COAG se movilizará el próximo 27 de diciembre ante las molturadoras de Toro (Zamora) y La Bañeza (León) para protestar por la «auténtica estafa» de Azucarera y su anuncio de reducir en seis euros por tonelada el precio de la remolacha.
De esta forma, apuesta por aprovechar una de las últimas balas que le quedan al sector para presionar a la firma británica British Sugar, propietaria de la marca, para que de marcha atrás al respecto.
«Azucarera ha demostrado a las claras las intenciones que tenía desde la compra de Ebro; hacerse con el mercado español del azúcar y lograr su monopolio», denunció Aurelio Pérez.
Finalmente, pidió a la compañía que «deje de seguir intentando engañar» y criticó que en los últimos días «va casa por casa de cada remolachero para ofrecer un contrato individual, con condiciones diferentes».