El TSJA paraliza la vía administrativa hasta saber si hay delito en Aznalcóllar

«En este caso existe una identidad sustancial entre los hechos que son objeto del presente recurso y aquéllos sobre los que versan las referidas actuaciones penales, de modo que de acreditarse la existencia de una actuación constitutiva de delito o la relevancia jurídico penal de estos hechos..., ello tendría, tal como establece el artículo 40 de la LEC –Ley de Enjuiciamiento Civil– una influencia decisiva en la resolución sobre al asunto contencioso-administrativo». Sobre ese fondo se cimenta en esencia la decisión que ha tomado la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a unos de los procesos abiertos en esa jurisdicción en torno a la mina sevillana de Aznalcóllar, cuya concesión por parte de la Junta acumula ya una hilera de titulares. El Alto tribunal autonómico ha ordenado suspender la causa que giraba alrededor de la asignación de los derechos de la explotación minera a la agrupación empresarial Minorbis-Grupo México, en línea con lo pedido por la impulsora del proceso, la sociedad Emerita Resources España, una de las entidades que intentó hacerse con el yacimiento sin éxito. Y lo ha hecho, mandatar el parón y no dictar sentencia, «hasta en tanto sea objeto de resolución la vía penal» que en la actualidad «se sustancia» en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que investiga, insisten desde el TSJA, lo mismo.

Su postura ha quedado reflejada en un auto fechado el pasado 21 de noviembre y consultado por este periódico. Los magistrados del Alto Tribunal regional concluyen, en definitiva, que «concurren los requisitos establecidos» en el articulado de la mencionada norma, por lo que han tenido que «acceder a la petición de suspensión formulada de la recurrente», esto es Emerita Resources, que ha desplegado una estrategia judicial contra la adjudicación del Gobierno andaluz que permitió reabrir Aznalcóllar en los frentes penal y administrativo. Fuentes ligadas a la mercantil trasladaron ayer a este diario, tras conocer el auto del TSJA, que éste implica que si en el futuro se determina que «hay delito», saldrán además victoriosos en el

contencioso, y si no, todavía tendría opciones de hacerlo ya que «existen cuestiones administrativas que se dan para ganar el tema haya o no delito penal».

«Sin rumbo» en la mina de Riotinto

Ecologistas en Acción avisó ayer de que «la multinacional con sede en Chipre, Atalaya Mining, intenta camuflar la realidad publicitando crecientes expectativas de producción de cobre» en la mina onubense de Riotinto si bien, «en el último mes las acciones de la empresa han caído hasta un 35%», lo que indica «que ha perdido» lo ganado desde enero» y está «sin rumbo».