La Junta de Andalucía adjudica contrato a una empresa condenada por violar la libertad sindical

Hay exigencias militares o normativas que están para cumplirse. La Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S A (Sandetel), ente dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del Gobierno regional, adjudicó el pasado 31 de octubre por un global de 6.186.730 euros, IVA incluido, la cobertura de la prestación denominada «mantenimiento de las unidades de recepción de primer nivel» para los servicios de atención e información de diferentes consejerías y organismos de la Junta de Andalucía». La empresa elegida fue Servinform S A, según se puede comprobar en la plataforma de contratación que nutre el propio Ejecutivo autonómico.

Se trata de una sociedad que, según dictaminó en septiembre de 2016 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una demanda interpuesta por el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de aquel territorio de la Confederación General del Trabajo (STC-CGT), vulneró el derecho a la libertad sindical al, entre otras cuestiones, negar la condición de delegada a una representante de esa organización, el derecho de información a ésta o el acceso de integrantes de la sección sindical de CGT a un centro de trabajo. De hecho, condenó a la mercantil a indemnizar al sindicato con 6.250 euros por daños morales. Cuantía que luego el Tribunal Supremo (TS) rebajó hasta los 6.000, pero dejó sentado que se había producido «una vulneración del derecho de libertad sindical» y mantuvo «el resto de los pronunciamientos» arbolados por el Alto Tribunal madrileño, en una sentencia fechada en concreto el 29 de noviembre de 2017 y consultada por LA RAZÓN.

De acuerdo a lo precisado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), «la vulneración del derecho de asistencia y acceso a los centros de trabajo», en los términos establecidos en el articulado de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, de «quienes ostentan cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas»; se considera una infracción muy grave y es una de las anomalías ratificada por el Supremo. De otro lado, fuentes de CGT apuntaron a este periódico que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público prohíbe a las administraciones contratar con las entidades que hayan sido sancionadas con carácter firme «por infracción muy grave en materia laboral o social», según lo marcado en la LISOS, como, en efecto, comprobó este diario. A ello sumaron que el Supremo de nuevo «obligó» a la entidad señalada y adjudicataria de la contrata de la Junta, a «negociar una Plan de Igualdad», a través de otra sentencia de 2017, pero «no lo ha hecho», afirmaron desde la organización sindical que está en el comité de empresa de la misma.

Fuentes del departamento de Empleo, por su parte, replicaron que sí cuenta con un Plan de Igualdad y, de hecho, la empresa aseveró que éste se encontraba en vigor en un documento rubricado el pasado 23 de octubre, que la Junta facilitó a LA RAZÓN. Desde la misma consejería defendieron además que la empresa «cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego» hilvanado al servicio por el que pagará Sandetel, así como «en la legislación vigente», con lo que no se habría llegado a ella desde un lugar de privilegio. Añadieron, por último, que «aún no se ha efectuado la contratación, pues hasta el día 24 se puede presentar algún recurso por parte de las empresas licitadoras» que no lograron hacerse con la prestación del servicio. Pero desde CGT Andalucía no estaban dispuestos a hacer maniobras de reacomodamiento de su posición sin pruebas contundentes. Es más, su secretario general, Miguel Montenegro, adelantó a LA RAZÓN que tienen previsto llevar a cabo «una concentración a las puertas de Servinform en su sede de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el próximo 4 de diciembre, ante la política represiva que ejerce» contra sus delegados sindicales y sus afiliados en general y que «ha llevado al despido de cuatro miembros del comité de empresa por CGT en su centro de Madrid». De vuelta a la comunidad, criticó la «persistencia» del Gobierno regional en subcontratar «servicios públicos de gestión telefónica» ligados a la Administración –el nuevo afecta, dicen, a las citas de ITV o del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)–, sin que «se respete la ley de contratación del sector público o cuestiones tan básicas como que la empresa contratista tenga un Plan de Igualdad», insistió. «Es de traca que mientras el Gobierno de Susana Díaz alardea de cumplir la legalidad, se demuestre a diario que sus prácticas son absolutamente contrarias a lo fijado en la legislación vigente en materia de subcontratación de servicios públicos», remató.