La fiscal ordena al Seprona investigar el «pelotazo» del centro comercial de Motril
La Fiscalía ordena practicar diligencias al Seprona para investigar el presunto «pelotazo urbanístico» en Motril (Granada) del que viene informando LA RAZÓN, ya que los hechos pueden tener trascendencia penal.
En un decreto, al que accedió este diario, la Fiscalía Provincial de Granada señala que «los hechos denunciados podrían tener trascendencia penal sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica» por lo que «resulta necesaria la práctica de diligencias que permitan un mejor esclarecimiento de los mismos». La fiscal, con fecha 22 de octubre, resuelve «que se libre de oficio al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Motril para que emita un informe» sobre «la clasificación y calificación del suelo sobre el que ha sido realizada la obra»; «la normativa urbanística y territorial aplicable» y las «infracciones de ésta que cabe atribuir a las obras realizadas»; «la fecha de construcción y finalización de la construcción en su caso»; y «el carácter legalizable o ilegalizable de las obras».
Como antecedentes de hechos, se recuerda que «con fecha 23 de abril» el Fiscal Jefe de Granada «procedió a incoar las diligencias de investigación penal nº 78-2018 para la investigación y esclarecimiento de los hechos relativos a la denuncia presentada» por la Asociación Ecologistas en Acción de Granada «en relación con las supuestas obras, sin licencia municipal de obras, que se han ejecutado en la parcela 1 Suo UE Mot-21 de la localidad de Motril consistentes en movimientos de tierras, la construcción» de una hamburguesería (en fase de construcción de la cimentación) y «estando previsto igualmente la construcción en dicho terreno un supermercado» y una tienda de artículos deportivos, «cuya promotora es la empresa Trivia Desarrollos».
Ecologistas en Acción considera que existe un «pelotazo urbanístico» en torno a un futuro centro comercial que se gesta en Motril (Granada), como adelantó LA RAZÓN, que también constató que existe un informe en el que se confirman. Éste se lo encargó la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) a un ingeniero para incorporarlo a un proceso contencioso-administrativo sobre el asunto que acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).