El Tribunal de Cuentas condena a Márquez y a Gálvez Peluqueros a devolver 862.500 euros
El Tribunal de Cuentas lleva años dirimiendo un juicio, si no paralelo, complementario a los que suceden en la Audiencia de Sevilla. Sentencia a sentencia viene ratificando el desfalco a las cuentas públicas a través de los ERE. En una sentencia con fecha 1 de octubre, a la que accedió LA RAZÓN, condena al ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras –quien suma ya varios fallos en este sentido de numerosas ayudas y ha sido declarado «en rebeldía» en varios procesos– y a la empresa Antonio Gálvez Peluqueros SL «al reintegro» como «responsables contables directos y solidarios del menoscabo causado a los fondos públicos» por un importe de 862.500 euros más los intereses
–lo que eleva la cantidad a 942.844,27 euros– y las costas. El Tribunal de Cuentas sigue cercando «el gran fraude», del que habló Griñán, sin descartar «el gran plan».
La sentencia, en consonancia con las anteriores, cita el informe de fiscalización y pone de manifiesto que no se cumplían los requisitos para la concesión de las subvenciones y ayudas del programa presupuestario 31L; así como que no quedaba «acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas a empresas las razones de interés social o económico»; o el «uso inadecuado de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al programa 31L». El Tribunal de Cuentas añade que «la calificación de estas ayudas como subvención excepcional ha dado lugar al abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos tales como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas». La Junta denunció la concesión de una ayuda de 1.150.000 euros, de los que fueron abonados 862.500 con la autorización de Márquez Contreras. Gálvez Peluqueros «contribuyó de modo voluntario y consciente a falsear el expediente».
El Tribunal de Cuentas también recoge que «constituye una irregularidad relevante la omisión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta». Citando a la Cámara de Cuentas, recoge que con los pagos a través de IDEA las cantidades «quedaron al margen del control previo de la Intervención».