Gobierno y Generalitat terminan sin acuerdos la primera comisión bilateral sobre infraestructuras en 11 años
El Gobierno y la Generalitat han terminado hoy sin acuerdos concretos la comisión bilateral de infraestructuras, que se ha reunido por primera vez después de once años, aunque ambos ejecutivos han destacado su tono "positivo" y han quedado en reunir un grupo de trabajo específico en fechas próximas.
La reunión ha versado principalmente sobre el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, un precepto que establece que la inversión de la Administración central en Cataluña debe ser durante siete años desde la aplicación de la norma equivalente al peso de la comunidad en el conjunto de la economía española, de alrededor del 18,6% del Producto Interior Bruto (PIB).
El compromiso es que, de los 759 millones de la Disposición Adicional Tercera correspondiente al ejercicio de 2008, 200 deberá aportarlos el Estado en 2019, aunque ambos gobiernos muestran "diferentes aproximaciones" sobre como abordar esta cifra.
Así, tanto el conseller de Territorio, Damià Calvet, como el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, han explicado que la Generalitat quiere que el dinero le sea transferido de forma directa, mientras que el Ejecutivo central pretende pagar estos 200 millones a través de la realización de diferentes infraestructuras.
Calvet ha definido el encuentro -que ha durado unas tres horas y durante el cual se han producido dos recesos- como "una reunión larga e intensa" que, aunque ha terminado sin acuerdo debido a las "diferentes aproximaciones" sobre esta materia, ha calificado de "muy positiva" por el solo hecho de haberse celebrado.
Saura, sin embargo, ha destacado que sí se ha llegado a "un punto de acuerdo: seguir dialogando, seguir hablando", y ha destacado que se ha iniciado "una nueva etapa de relación institucional que viene como consecuencia de que hay un nuevo Gobierno que quiere hablar, dialogar y consensuar".
El titular del Departamento de Territorio catalán ha señalado que, a juicio del Govern, estos 200 millones de euros "tienen que ir con una materialización directa a la Generalitat" y, ha añadido, los mismos no deben guardar relación con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Una opción que Saura ha indicado que tanto la jurisprudencia como reuniones anteriores descartan, pues se trata de una decisión que debe ser compartida por dos poderes: el ejecutivo -es decir, el Gobierno- y el legislativo -las Cortes a través de la aprobación de las cuentas-.
Así pues, el Gobierno central propone reiniciar o proseguir -con estos 200 millones- obras como diversas actuaciones en Rodalies, accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona, ferroviarios en el caso del de Tarragona o el soterramiento de líneas de tren en Montcada i Reixac, Sant Feiu de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat.
Ante esta propuesta, la respuesta de Calvet es que "una cosa es la deuda histórica (del Estado con las cuentas catalanas) y otra las inversiones".
A pesar de ello, ha deseado que el grupo de trabajo que se reunirá próximamente determinará "lo más rápidamente posible" una solución, que no descarta que sea "mixta", es decir, que contemple propuestas de ambos ejecutivos.
Por otra parte, Calvet ha afirmado que, según cálculos de la Generalitat, son 3.807 millones los que el Estado deberá aportar en cumplimiento de esta Disposición Adicional del Estatut, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2008 y 2013.