La Junta admite ahora la «ocupación» de vías pecuarias y que inició expedientes más de tres años después de los avisos
Es una historia que no se ha terminado pero que en Ecologistas en Acción aseguran que «parece que ya ha servido para algo». Un juzgado sevillano, en concreto el de Instrucción número 12, investiga al secretario general de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico en la provincia, J. S. C. L, y al jefe de departamento de Vías Pecuarias de ese mismo ente territorial, J. G. V., por los presuntos delitos de prevaricación por omisión, fraude contra la Administración pública y administración desleal, como ya informó LA RAZÓN. El origen de la causa fue una denuncia que interpuso la Federación de Sevilla de Ecologistas en Acción, que advirtió, entre otras cuestiones, de que el Ejecutivo andaluz podría haber estado «alargando y desviando» procedimientos administrativos con el supuesto fin de no iniciar «expedientes sancionadores» a empresas y particulares que se habían apropiado de vías pecuarias, para así ahorrarles el pago de las «correspondientes tasas» que marca la legislación vigente, con lo que las arcas públicas habrían dejado de ingresar «cientos de miles de euros». Una vez hecho público que se habían abierto esas diligencias judiciales, la entidad «verde» está recibiendo un goteo de comunicaciones de la Junta en las que se les traslada ahora que «sospechosamente» el pasado junio se acordó iniciar varios expedientes sancionadores ligados a esas invasiones de espacios públicos.
La documentación, consultada por este periódico, incluye diversos arranques de expedientes a una eléctrica por la «ocupación» sin autorización por ejemplo de «103 metros cuadrados de vía pecuaria en el término municipal de Morón de la Frontera» o de otros «3,15» en «Cordel de Alcaudete», en Carmona, de las que los conservacionistas advirtieron en febrero y enero de 2015, respectivamente. Si bien no fue hasta junio de este año cuando la delegación sevillana de Medio Ambiente actuó para dejar constancia escrita de que no tenía permiso «para la ocupación». De forma similar maniobraron en el caso de Manuel Alonso B., denunciado por los activistas en el mes de febrero de 2015 por la «toma» de «3.012 metros cuadrados de vía pecuaria sin autorización» en «la Cañada Real de Carrascal, en Aznalcázar». Y hay más documentos en los que se transmite que en efecto la ley prevé sanciones en ese ámbito. Ecologistas interpreta que los documentos que les llegan ahora les dan la razón en cuanto a que «se han mantenido años en los cajones sus denuncias» sin que se hiciera nada al respecto.
Más datos
*El pasado 29 de septiembre la asamblea de la Federación de Ecologistas en Acción de Andalucía, celebrada en Valdepeñas de Jaén, ratificó y se adhirió a la denuncia interpuesta por la Federación de Sevilla.
*Con el gesto pretendían responder al consejero del ramo, José Fiscal, quien afirmó en el Parlamento andaluz que «parte» de la organización «no compartía» la forma de actuar. «Miente más que habla», criticaron miembros de Ecologistas.