Once autonomías reprenden a Fomento por el decreto de los VTC
Actores básicos en la regulación que quiere implantar el Ministerio de Fomento, las comunidades autónomas no fueron consultadas, sin embargo, durante la redacción del real decreto-ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros para regular el sector de las VTC. Aunque, si se aprueba la norma, dentro de cuatro años asumirán plenamente la regulación del sector y tendrán la potestad de limitar, si así lo desean, el número de vehículos de Uber o Cabify que circulen por las ciudades y pueden desde ya determinar algunas condiciones en que prestan sus servicios, como sus horarios, días libres o tarifas, las autonomías han sido obviadas por Fomento durante la redacción del decreto pese a solicitar públicamente que se les remitiera un borrador para hacer sus aportaciones. Sólo hoy, ya aprobada la norma, han sido convocadas en el ministerio para conocer en detalle el texto.
El encuentro lo ha dirigido la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez. Y aunque ha tenía un carácter eminentemente técnico, no se ha librado del componente político. Según fuentes conocedoras del mismo, hasta once comunidades autónomas han reprochado a Fomento no sólo el contenido de la norma sino las formas por no haber sido consultados antes. A las autonomías gobernadas por el PP, Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla y León y Murcia, se han sumado en las críticas Cataluña, País Vasco, Canarias, Aragón, en la que gobierna el PSOE, y Cantabria, en la que los socialistas son el socio en el que se apoya el Partido Regionalista de Cantabria.
Pese a los reproches por las formas y el fondo, las fuentes consultadas aseguran que ninguna comunidad ha pedido en el encuentro retirar la norma aunque les genere dudas. Antes de su aprobación, su principal temor era que tuvieran que hacer frente a fuertes indemnizaciones al sector de las VTC. Fomento entiende que ese peligro está conjurado con la moratoria de cuatro años que ha introducido antes de prohibir licencias en las ciudades. Durante este periodo, todos estos vehículos podrán seguir operando en el ámbito urbano. Fomento entiende que aquellos a los que se prohíba circular en las ciudades pasada la moratoria sufrirán un perjuicio económico y por eso les concede estos cuatro años a modo indemnizatorio, para recuperar su inversión. Pero las comunidades temen que el sector VTC recurra la decisión en los tribunales y exija un resarcimiento económico y no quieren correr el riesgo de tener que afrontarlo sin fondos, por lo que exigieron que cuando se les traspasen las competencias, se haga con una aportación económica. De todos modos, los consultados aseguran que las autonomías se inclinan por esperar a ver si se aprueba el decreto-ley para después decidir qué hacer.
En la reunión de hoy se ha procedido a la creación de un grupo de trabajo de nivel técnico, formado por representantes de las comunidades autónomas y del ministerio, para debatir y coordinar las políticas del sector.