El 74,4% quiere acabar con los aforamientos de los políticos

Un aforado es una persona que, por el hecho de ejercer un cargo de carácter público o por su profesión, tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal diferente al que le correspondería a un español «normal». La razón por la que existen los aforados en nuestro país es, principalmente, para evitar las presiones políticas que pudiesen afectar a un tribunal ordinario cuando se juzga a un cargo público. En España hay actualmente cerca de 250.000 aforados, de los cuales 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales y autonómicas, cinco pertenecen a la Familia Real y el resto forman parte de las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Desde hace unos meses, los polémicos casos sobre las tesis/másteres de nuestros políticos han reabierto este debate. ¿Deben desaparecer definitivamente los aforamientos? Con respecto a esta cuestión, siete de cada diez encuestados por NC Report para LA RAZÓN –el 74,4%– sí creen que esta situación jurídica debe terminar. Hace apenas dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso eliminar el privilegio, aunque solo para delitos ajenos al cargo político. El 66,8% de los encuestados está de acuerdo con esta medida, que el presidente del Ejecutivo quiere que entre en vigor en tan solo 60 días, para lo cual sería necesario una reforma exprés de la Constitución para darle cabida. Con respecto a los partidos políticos, el 36,7% de los españoles cree que el aforamiento beneficia a la derecha, mientras que el 17% considera que hace lo propio con la izquierda. No obstante, el 46,1% no confía en que la medida propuesta por el Gobierno vaya, finalmente, a concretarse.