Las entidades proponen que la tutela a menores retirados llegue hasta los 25 años

Sara González vive en Barcelona con su pareja, compartiendo piso con otros jóvenes que, como ella, no tienen capacidad económica para vivir solos. En Andalucía, solo uno de cada cinco menores de 30 años está emancipado de sus padres. Aunque esa estadística sobra en el caso de Sara, que a los 18 años estaba obligada por ley a ser «independiente», como les ocurre a todos los chicos tutelados por la Junta que cumplen la mayoría de edad.

Sara pasó la mitad de su infancia en un centro de protección. «A los diez años me retiraron de mi familia. Estuve diez meses en un centro de acogida inmediata hasta que decidieron que pasaría a acogida definitiva porque los problemas que había no eran fáciles de solucionar», recuerda. Esa fue su casa durante ocho años. Los abusos sexuales de su padre a su hermana mayor desencadenaron la ruptura. La violencia era habitual en la casa donde vivían en Cádiz. Después de que su hermana acudiera a pedir ayuda a Asuntos Sociales, los dos pequeños –ella y un hermano, dos años menor– continuaron viviendo con familiares unos meses. Finalmente, le retiraron la custodia a su madre. «Fuimos con ella a la Delegación de Asuntos Sociales y nos despedimos. La veíamos una hora a la semana. En aquel momento no entendía mucho la situación, pero la verdad es que iba tranquila. Sin duda lo mejor que me pasó fue que me retiraran de mi familia», asegura. Las políticas públicas de infancia recurren al desamparo como última medida y, de hecho, el 99% de las declaraciones de menores en desamparo que practica la Junta se ratifican en sede judicial.

Pese al halo trágico que evoca esa separación infantil, para Sara el momento más duro fue cumplir la mayoría de edad. Eso la obligaba a irse del centro de protección, dejando allí a su hermano y a todas las personas con las que había crecido. «A los 17 –rememora– me explicaron que había dos opciones: la oportunidad de entrar en un piso tutelado o ir a casa de algún familiar». Esa fue su última elección ante el horizonte de «dormir en la calle». Previamente agotó el tiempo máximo de un año en un piso tutelado, al que no supo que podría ir hasta una semana antes de su cumpleaños. El siguiente curso vivió en un centro de acogida público en Jerez, con una beca para trabajar a media jornada a cambio de alojamiento y comida. Sin posibilidad de recibir más ayudas económicas que le permitieran acabar el grado medio de FP que cursaba, volvió a casa de su madre.

Ahora quiere formar parte de la familia de los aproximadamente dos mil niños que viven en centros de protección en Andalucía. Aún debe estudiar el Grado de Educación Social. Piensa que su experiencia personal le aportará mucho en su futuro profesional. A sus 23 años se reconoce más madura que la mayoría de chicos de su edad. «Siempre lo he sido», dice. En el instituto le enfadaba escuchar conversaciones adolescentes en torno al «problema» de la ropa o la hora de llegada. «Intentaba comprenderlos, pero me molestaba que sus preocupaciones fueran qué se iban a poner el sábado por la noche. Pensaba, ‘joder, a mí me gustaría tener esas preocupaciones y no dónde voy a dormir dentro de seis meses’». No reniega de ninguna de las circunstancias que han rodeado su vida. De esa infancia diferente conserva, sin embargo, un miedo recurrente a estar sola. «Lo más difícil cuando sales del centro es saber gestionar tu libertad. Después de haber estado tan controlada, con tanta gente pendiente de ti, te encuentras sola», lamenta.

Para los hermanos González nunca existió una posibilidad real de acogida familiar: por su edad y por ser dos. La Junta quiere cambiar eso: uno de los objetivos para 2020 del II Plan de Infancia y Adolescencia es que todos los menores de 12 años tutelados estén con familias acogedoras. Para los mayores de 18, las perspectivas siguen siendo muy limitadas. El protocolo consiste en facilitarles durante un año itinerarios de inserción laboral –el 91% los siguen–para favorecer su independencia. «El 53% de los jóvenes salen con una autonomía alta», según datos oficiales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. «Es muy difícil que ningún joven a los 19 años esté preparado para ser totalmente independiente. Diría que ninguno de los que ha salido de un piso tutelado lo está. Les estamos exigiendo lo que no se exige al resto de la sociedad», concluye Francisco Lupiáñez, director de Inserta Andalucía, una de las entidades que gestiona pisos para jóvenes. Estas organizaciones proponen que la atención se amplíe hasta los 25 años, con una supervisión diaria o seguimiento en los estudios. También han solicitado en el Parlamento que haya una reserva de viviendas protegidas para extutelados. Su subsistencia a partir de ese momento depende del salario social, que se prorroga cada seis meses si no tienen. «En eso sí hemos avanzado, pero hay que adaptar los recursos a la realidad –reflexiona Lupiáñez–. Un año es corto. Es gente muy joven, pueden encontrar en principio trabajo y luego ser despedidos. Debería funcionar como cualquiera que tiene un hijo a su cargo: si yo soy padre y despiden por mala suerte a mi hijo, no le diría que no quiero saber más de él», explica para mostrar la vulnerabilidad de esos chicos. E insiste: «No se puede pretender que una persona tutelada por la Administración, que además viene con una historia de vida difícil, se emancipe con 18 años».