La presidenta de la Junta admite que le «hubiera gustado ir más rápido» con la oficina anticorrupción
La arquitectura de muchas de las intervenciones de los portavoces de los partidos de la oposición en la sesión de control al Gobierno andaluz de ayer tuvieron bastante de balance, acorde con la atmósfera de fin de legislatura que se respira en el Parlamento autonómico. Una muestra fue la de la coordinadora general de Podemos en la comunidad, Teresa Rodríguez, quien afeó a la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, que el PSOE-A se haya opuesto a las distintas iniciativas de regeneración democrática que ha impulsado la formación morada, tales como la ley de cuentas claras, la oficina anticorrupción, reformar el Reglamento de la Cámara para acabar con las dietas de los diputados sin justificar o para que lo que hace un Gobierno que se encuentre en funciones pueda ser fiscalizado. «No ha cumplido ni un tercio de las leyes que prometió», llegó a cuantificar Rodríguez. En uno de sus turnos de palabra, la socialista admitió algo: «Reconozco que me hubiera gustado ir más rápido en ese asunto», dijo, en alusión a la puesta en marcha de la oficina anticorrupción, que además era uno de los puntos del acuerdo que el PSOE firmó con Ciudadanos (Cs) para desbloquear la investidura de Díaz y lograr que su Gobierno echara a andar. Aunque hubo matización. Culpó del retraso en el nacimiento del nuevo instrumento a las «alegaciones» que el Consejo Consultivo de la comunidad hizo llegar a la Junta «antes del verano» y la oficina «se está adaptando a sus criterios», mantuvo.
La líder de la formación morada deslizó también, en una mañana de pasiones desatadas en el plenario, que «querría ver» la «mitad de la energía» que la presidenta «invirtió en luchar contra Pedro Sánchez –en las cruentas Primarias del PSOE–» empleada en «reivindicar y reclamar» un «nuevo modelo de financiación autonómica». «Y la verdad es que no se la veo», sentenció. De su lado, la socialista acusó a Rodríguez de intentar «deslegitimar las instituciones» con un «populismo reaccionario» que puede «quebrar» la confianza entre los ciudadanos y sus representantes públicos.