La presidencia de la comisión, otro escollo para la investigación
El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, informó ayer al pleno de la creación de la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). No hubo debate porque el PSOE retiró su escrito de oposición la semana pasada, lo que evitó que el primer pleno de este período de sesiones sirviera de caja de resonancia de las presuntas irregularidades detectadas en este ente público, especialmente el uso de tarjetas de crédito en un prostíbulo de Sevilla. En cualquier caso, la comisión se enfrenta a varias amenazas, la principal que no pueda comenzar sus trabajos porque Susana Díaz adelante elecciones y, por tanto, automáticamente «decaiga».
Salvado el proceso formal de constitución de la comisión de investigación, ahora toca ponerla en marcha. Durán apuntó que la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces fijarán la próxima semana el día y la hora para constituirla. Será entonces cuando comiencen los problemas.
Lo normal, así sucedió por ejemplo en la comisión de los ERE, es que la Mesa del Parlamento acuerde el número de miembros de cada grupo parlamentario y dictamine que los acuerdos se tomen por voto ponderado. El plazo para elegir a sus miembros no debería exceder de una semana, con lo que a finales de septiembre debería constituirse y elegirse el presidente de la misma. Ahí se adivina ya la primera controversia. El presidente y portavoz de Cs en el Parlamento , Juan Marín, anunció ayer que propondrá como presidente de la comisión de investigación a su diputado José Antonio Funes –que dejará la política al final de esta legislatura–. Además, apuntó que en modo alguno apoyarán un presidente del PSOE-A o del PP-A, porque ninguno de esos partidos está legitimado para ello dado que son los «más corruptos» del país. Cada partido puede presentar a su propio candidato o incluso proponer, como hizo el PP andaluz en la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que la presidencia fuera rotatoria.
La figura del presidente no es simbólica. En la de los ERE, esta responsabilidad recayó en IU; en la de formación, fue un diputado de Ciudadanos. En ambos casos, las actuación de Ignacio García y Julio Díaz suscitó críticas, especialmente por parte del PP. El presidente es el encargado de elaborar la ponencia síntesis que recoge las conclusiones. En este caso, todo apunta que esta comisión no llegará a ese punto. Las urnas lo impedirán.