El colegio de consumidores avisó hace más de un año del «fraude» de la oficina anticorrupción
En la introducción antes que la historia que estos días se empeña en hacer Ciudadanos (Cs), su líder en Andalucía, Juan Marín, volvió a exigir ayer a la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, que explique por qué ha decidido «romper» el acuerdo de investidura suscrito con su formación por su «incumplimiento» en cuestiones ligadas a la regeneración democrática, entre las que Ciudadanos ha colocado la creación de «la Oficina contra el Fraude y la Corrupción». Ese ente nació con cadencia electoral. Los socialistas lo incluyeron en su programa para los comicios autonómicos que se celebraron el 22 de marzo de 2015 y hoy todos los partidos, incluido el hasta hace unos días aliado, dan por hecho que no arrancará en esta legislatura. Lo que sí ha acumulado durante más de tres años la oficina que diseñaba la consejería que dirigía la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sin que a Cs pareciera preocuparle en exceso, es un aluvión de alegaciones de distintas entidades. Una de ellas es el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, que en un informe, accesible en el portal de la Junta y consultado por LA RAZÓN, articuló cuarenta al proyecto de decreto por el que se iba a crear la oficina por ahora «fantasma».
Para empezar, planteó que debería haber sido regulada «mediante norma con rango de ley y no a través de decreto», tanto por «la entidad que merece el órgano administrativo especializado» que se iba a parir, como por otras cuestiones como el que echaba en falta «el establecimiento del correspondiente régimen sancionador». Puso el foco también en que la norma carecía de «articulación de un procedimiento administrativo concerniente a la investigación y demás funciones» de la oficina, que regulara «aspectos básicos» como plazos, formas de comunicación con las personas afectadas, pruebas... «a fin de evitar situaciones generadoras de inseguridad jurídica e incluso de posible indefensión al investigado». El consejo de consumidores entendió que era «necesario» además que el ente anticorrupción se adscribiera o dependiera «no de la consejería competente en materia de Hacienda, sino del Parlamento de Andalucía», lo que, a su juicio, lo «legitimaría y garantizaría su independencia y autonomía, con el fin de cumplir con ecuanimidad y eficacia las funciones encomendadas». Anotó, de otro lado, que la oficina en sí no tenía «dotación económica suficiente», ya que, de acuerdo a lo reflejado en la memoria económica del proyecto normativo, los costes se estimaban «en 153.583,77 euros dentro del Capítulo I (denominación ‘Dirección’ y ‘subdirección’» y el «resto de los gastos necesarios» para su funcionamiento se asumirían «con las dotaciones actuales existentes en los capítulos 2 y 6 del programa 61A» de la consejería, lo que hacía dudar al consejo de «la eficacia de la aplicación de la norma», hace más de un año, en concreto en julio de 2017, cuando está datado el informe desmenuzado.
PSOE y PP, sí al dictamen de la ley electoral
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer, con los votos de PSOE-A y PP-A, el dictamen relativo al informe del grupo de trabajo para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, que contó con la abstención de Podemos y Ciudadanos (Cs) y con el voto en contra de IULV-CA. Los respectivos votos particulares presentados por los cuatro grupos de la oposición fueron rechazados. Ese cambio ha sido otro de los caballos de la batalla de Cs esta legislatura y ayer su portavoz, Juan Marín, criticó que PSOE y PP hubieran votado en contra de que «el voto de los andaluces valga lo mismo, vivan donde vivan».