El ex consejero Recio admite que la Junta detectó «irregularidades» en ayudas de los ERE
Mentir como testigo no es una opción pero recurrir al no recuerdo «con exactitud» está permitido. Es lo que hizo el ex consejero de Empleo Manuel Recio ayer en su declaración como testigo en el primer juicio nacido del «caso ERE». Narró que en marzo de 2010 el ex presidente andaluz José Antonio Griñán le ofreció ocupar el cargo y le puso como objetivo esencial «tratar de ayudar» en lo que pudiera a «reducir las cifras» del paro «desbocadas en toda España y en Andalucía particularmente». Recio tomó conciencia de lo que era la denominación «31L», el llamado «fondo de reptiles» al ser el que nutrió los ERE presuntamente irregulares, en noviembre de 2010 «a raíz de que sale en prensa que puede haber unos problemas específicos en Mercasevilla, en unas de las ayudas sociolaborales» que se le dieron. Entonces trasladó al viceconsejero y al director general de Trabajo que comprobaran «hasta qué punto eran ciertas» aquellas informaciones y se puso en marcha «un mecanismo de revisión». «Se montaron procedimientos de información reservada con equipos de funcionarios», explicó, que detectaron «discordancias administrativas» y «algún caso de intrusos», con lo que el análisis se extendió a otras ayudas hasta lograr en marzo un «primer diagnóstico» de los ERE vivos, de los que aún se pagaban pólizas de renta. A preguntas del abogado del PP-A, Luis García Navarro, matizó que el fin de semana del 20 de noviembre de 2010 un grupo de personas que no concretó trabajó en la dirección general en ese «arrojar luz». Negó que destruyeran «documentos comprometidos para la Junta o para altos cargos» de la misma. Puntualizó además que los intrusos localizados fueron entre 70 u 80 y que en otros casos surgieron dudas, dado que la documentación «no estaba completa». De hecho, se iniciaron varios expedientes de revisión de oficio, anotó. A una de las defensas le afinó más. Aquel fin de semana, dijo, estuvo en Almería, no en Sevilla, y a su vuelta le reportaron el hallazgo de discrepancias administrativas y de «algunas irregularidades», lo que hizo ampliar la investigación a todos los ERE vivos, «a los muertos» y a las subvenciones a «empresas». «Se supervisaron todas las ayudas que se habían dado en la consejería de empleo desde 2001 a 2010», sintetizó, esto es, el periodo analizado en el «macroproceso».
¿Dirigen letrados a los testigos?
La escenografía casi inmóvil del juicio se alteró ayer cuando el abogado del PP, Luis García Navarro, preguntó al ex consejero Recio si no era cierto que el letrado de Griñán, José María Mohedano, le había «estado dando instrucciones precisas» de lo que debía y no debía «decir en el acto», antes de entrar en Sala. Recio lo negó. «El señor Mohedano lo único que ha hecho ha sido saludarme, en exclusiva», dijo. El abogado aludido protestó en su turno de palabra, afirmó «tener constancia visual de que en otras ocasiones» habían «estado hablando, incluido el abogado de la acción popular, con otros testigos» y avisó de que tras leer lo afirmado por García Navarro, actuará «de la manera que considere oportuno».