Casi 11 millones a autónomos sin necesidad de justificación posterior antes de las elecciones
Susana Díaz ha negado de forma sistemática los rumores de adelanto electoral en Andalucía. Apoyada en el discurso de la «estabilidad», la presidenta ha repetido que es hora de «gobernar». La estrategia política, no obstante, no pierde de vista la cita con las urnas, en principio en marzo de 2019. Y para muestra, un botón: la Consejería de Economía y Conocimiento empezará a pagar en diciembre cerca de 11 millones en ayudas para autónomos sin necesidad de justificación económica posterior. El Gobierno andaluz, incapaz de gestionar estas subvenciones a emprendedores siguiendo el procedimiento administrativo común –el propio consejero Antonio Ramírez de Arellano ha admitido los inaceptables retrasos en convocatorias anteriores–, en concurrencia competitiva, da una vuelta de tuerca a la normativa con el objetivo de acelerar trámites y, por qué no destacarlo, ofrecer un caramelo a más de 5.000 autónomos, que recibirán cantidades entre 500 y 10.000 euros, en función de a cuál de las cuatro líneas de ayudas previstas opten.
Como refleja la memoria justificativa, la Dirección General de Economía Social y Autónomos tramita un Proyecto de Orden bajo la premisa de la simplificación de trámites administrativos, «sin comparaciones que generen competitividad entre solicitantes», ayudas de un importe fijo en función de la línea de actuación «sin justificación económica posterior, con plazos de presentación de solicitudes abiertos hasta el agotamiento del presupuesto» para ayudas específicas por sectores o colectivos. En total, 10.881.930 euros para el Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, ampliables en 2.135.000 euros en 2019. La tramitación de urgencia permitirá reducir a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario: en junio se aprobarán las bases y convocatorias, en julio se abrirá el plazo de presentación de solicitudes, en octubre se publicarán las resoluciones y en diciembre se efectuará el pago de las ayudas. Con el presupuesto fijado, la consejería cuantifica un alcance de un mínimo de 5.300 autónomos.
De 500 a 10.000 euros
Se ofrecen cuatro tipos de ayudas: la primera, a la estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo (entre 2.600 y 7.200 euros, a percibir en dos plazos, 50% en 2018 y 50% en 2019; con un alcance de 1.352 trabajadores); la segunda línea, dedicada al emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la iniciativa emprendedora (682 personas se beneficiarán de cantidades entre 2.600 y 7.200 euros); la tercera, a la capacitación profesional y el estímulo a la innovación (entre 500 y 10.000 euros, con 510 beneficiarios); y una cuarta línea de actuación para el estímulo a la creación de empleo indefinido, a la competitividad y al apoyo social en situaciones específicas (entre 825 y 10.000 euros, con un alcance de 2.756 autónomos).
La consejería que dirige Ramírez de Arellano incide en que el trabajo autónomo es «un elemento principal en la creación de empleo» y justifica la modificación de la Orden de 2 de diciembre de 2016 en la obligación de aportar «soluciones a las nuevas necesidades de idoneidad y oportunidad de cualquier idea emprendedora, pues, en muchas ocasiones, la decisión de emprender exige el comienzo de la actividad de forma inmediata», de ahí que se prescinda de los «criterios de distinción que conlleva un procedimiento de concurrencia competitiva».
Arellano ya advertía el pasado mes de febrero de la necesidad de estos cambios, centrando los requisitos en la permanencia de autónomo durante un tiempo, eliminando la comprobación a posteriori del cumplimiento de cuestiones económicas porque dificultan la gestión. «No es razonable el retraso en la concesión de las ayudas», admitió en comisión parlamentaria.
Lo realmente llamativo es que la «mejora de la eficacia y eficiencia del sistema» venga determinada por la laxitud de la norma en lugar de una gestión administrativa más competente.