La Junta culpa al Ministerio del descontrol del profesorado de Religión que ella provocó
La Junta de Andalucía ha tardado tres años en cuantificar, sin demasiada exactitud, los efectos laborales de la reducción de la carga horaria que impuso en la asignatura de Religión en los centros públicos de la comunidad. En septiembre de 2015, LA RAZÓN ya alertaba de que el curso arrancaría con maestros de brazos cruzados, cobrando sin impartir clases, al no cubrirse en muchos casos la totalidad la jornada que figura en sus contratos, pagados por el Ministerio de Educación al no estar transferidas las competencias al Gobierno andaluz en esta materia. Una problemática ante la que las administraciones han mirado hacia otro lado demasiado tiempo y por la que hoy los partidos de la oposición le afean el «quebranto de recursos públicos».
El Ministerio, pagador, primero optó por renovar los contratos hasta conocer los efectos reales de la minoración lectiva y, posteriormente, se ocultó detrás de una inminente negociación –a la postre frustrada– del pacto educativo para dilatar una medida que para los más de 2.000 profesores de Religión andaluces supondría despidos o, en el mejor de los casos, reducciones de jornada y sueldos. Decisión además que no casaba con la ideología popular y evidenciaba un agujero político más de la controvertida Lomce del ministro Wert.
E ideológica fue la razón esgrimida por el PSOE andaluz para aplicar una reducción con matices. En el ideario socialista se apuesta claramente por una escuela pública laica, pero sólo hasta que ésta choca con la realidad de la ciudadanía andaluza. Lejos de asumir el coste político de su decisión, la Consejería acabó dejando en manos de los directores de los centros la última palabra, apelando a un ejercicio de autonomía organizativa. Los datos ofrecidos desde entonces bailan. Así, en octubre de 2015, la Junta indicaba que 762 de más de 2.000 centros educativos de Primaria habían optado por limitar la Religión a 45 minutos, un 40%. Ayer, durante un intenso debate en la comisión de Educación del Parlamento, la consejera Sonia Gaya aportaba nuevas cifras. Primero, la ex sindicalista advertía que hoy hay 70.000 alumnos menos que cursan la asignatura que en el curso 2013-14 (no cuantificó el efecto de bajada de la natalidad). Luego, indicó que en la actualidad sólo hay un 5% de colegios de educación Infantil y Primaria que imparten 45 minutos de Religión a la semana, un 60% llega a los 60 minutos y un 35% mantiene los 90 minutos. Más llamativo es todavía que la consejera, recién llegada al cargo en junio de 2017, desconociera la situación del profesorado de Religión y que fuera a partir de ese momento cuando la Consejería de Educación se interesara de verdad por resolverla.
Es entonces cuando se solicita un estudio cuyos resultados no resultan creíbles porque los centros no han grabado de forma correcta los datos en el sistema y se detectan centros con incidencias llamativas: unos no alcanzan los 45 minutos y otros superan los 90 minutos máximos. Todo ello porque los maestros de Religión no figuran en el sistema como el resto de docentes contratados por la Junta de Andalucía.
Con posterioridad se puso en marcha un nuevo procedimiento más exhaustivo centro a centro con un seguimiento personalizado que ha detectado «desajustes» en los horarios de profesores de Religión de 252 colegios. Y la propia consejera matiza: «Algunas incidencias pueden deberse a que el Ministerio hace contratos a jornada completa por 25 horas y no por 22,5 horas. En la suma de las horas hay razones de diversa índole que pueden contribuir al desajuste y que no implican que los maestros estén sin hacer nada».
La consejera afirma haber puesto en conocimiento del Ministerio todos los datos y lo responsabiliza de no ser «riguroso» en la contratación. Sea como fuere, es ahora cuando la Junta va a poner en marcha una nueva aplicación que permitirá el próximo curso conocer a tiempo real los horarios y el personal que imparte las clases, al tiempo que va solicitar al Ministerio un listado del personal contratado para cotejar información.
Antonio Maíllo, portavoz de IU, insistía ayer en preguntarle «qué norma» obligaba a la Consejería a elaborar una orden que dejaba en manos de los directores la decisión final y provocó el descontrol que reina hoy. Además, acusó a Susana Díaz por dejarse «presionar» por los obispos andaluces para no ser más drástica.