Torrent enfila la malversación por la querella a Llarena
Las fuerzas independentistas consumaron ayer su desafío y aprobaron en la reunión de la Mesa que el Parlament presente una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y todos los magistrados que integran la Sala de lo Penal por no permitir a Jordi Sánchez acudir a un debate de investidura. Sin embargo, esta decisión, como la mayoría que ha tomado el separatismo en su proyecto de ruptura con el Estado, está envuelta de presuntas ilegalidades. Ahora, el posible delito que pueden estar cometiendo es el de malversación de fondos públicos, algo que advirtieron los propios letrados de la cámara mientras se votaba en la reunión del órgano rector y, poco más tarde, el Gobierno, que también anunció una querella por este delito.
El motivo por el cual podrían estar incurriendo en malversación sería el dispendio de fondos públicos para defender los intereses privados de un diputado, responsabilidad que debería recaer en su grupo parlamentario y no en la cámara catalana. Por ello, lo primero que ha hecho la oposición –por el momento, Cs– ha sido presentar un recurso de reconsideración para que la Mesa, de mayoría independentista, se replantee la decisión. Si esto no ocurre, PP y la formación naranja advirtieron que están también estudiando con profundidad la cuestión para tomar acciones legales. El PSC, sin embargo, no se sumó a este juicio ya que consideró que no se estaba malversando fondos aunque denunció, una vez más, el «uso partidista» del Parlament.
Las posibles consecuencias penales solo recaerían sobre los cuatro miembros de la Mesa de la cámara catalana que votaron a favor, en cambio, lo cierto es que los encargados de formular la querella serán los propios servicios jurídicos –que advierten del riesgo de malversación–. Sin embargo, este cuerpo de letrados reconocieron que no son expertos en derecho penal, y eso reforzaría todavía más los riesgos de malversación, ya que el Parlament debería externalizar y contratar un bufete de abogados para poder querellarse. Ahí, sí que quedaría más evidenciado este presunto delito.
En todo caso, abrá que ver los próximos pasos que da la Mesa y el presidente del Parlament, Roger Torrent, que hasta ahora se ha mostrado muy cauteloso y ha procurado no traspasar ninguna línea roja jurídica. En el caso de ayer, fuentes del entorno republicano, expresaron su discrepancia por los riesgos que podía acarrear esta maniobra, que fue impulsada por JxCat. Y es que no deja de ser un nuevo movimiento que da sostén a las tesis de JxCat, de mantener la confrontación con el Estado.
Una opinión que tampoco compartieron los «comunes», que como ocurre habitualmente, se volvieron a posicionar de parte del independentismo y respaldaron la querella. La portavoz, Elisenda Alamany, argumentó que permitirá determinar si el Tribunal Supremo se ha «extralimitado» en sus funciones impidiendo a Jordi Sánchez salir de prisión para acurdir a una sesión de investidura. Más allá de avalar la querella, los «comunes», que, paradójicamente, claman diariamiento por no judicializar la política, propusieron también plantear una queja formal al TS. Asimismo, exigieron al separatismo que forme ya Govern.