Un nuevo modelo de relación con la ciudadanía bajo la premisa de «coste cero»
Cabría preguntarse si la famosa cita de «El Gatopardo», «si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie», es aplicable al Gobierno andaluz cuando elabora un proyecto de decreto con el que modelar la relación con la ciudadanía de la administración andaluza, sin invertir ni un solo euro. Los gestores socialistas, bajo los parámetros de más eficacia y eficiencia, plantean un necesario nuevo modelo de interacción con los andaluces que supone, según ellos mismos, «un cambio cardinal en la concepción del servicio» pero sin incidencia alguna económico-financiera. Así, se establecerá una nueva cartera de servicios para las oficinas de registro e información repartidas por todo el territorio de la comunidad, de forma que se ofrezca una información unificada e integral de toda la administración de la Junta de Andalucía y no solo departamental como ocurre hasta ahora. Se «redefinirán sedes» bajo las premisas de eficacia, sostenibilidad y estabilidad, es decir, «el principio de coste cero», se ampliarán horarios y se aplicarán sistemas de turnos sin mayor coste por la reducción del número de oficinas y a los efectivos de plantilla que sobren se les reasignarán funciones... Prácticamente magia.
Esta actualización viene obligada por la nueva Ley 29/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la necesidad de modernizar y mejorar la relación de la ciudadanía, apostando por una administración cada día más electrónica, «sin papel», como símbolo de sostenibilidad, eficacia y eficiencia. Bastante lógica.
Una de las novedades de la Ley supone la atribución de nuevas funciones a los tradicionales registros, lo que obliga a un «cambio de definición, organización y funcionamiento» de los existentes en Andalucía actualmente.
La Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública opta a través del proyecto de decreto por «racionalizar el modelo» y «crear una red de oficinas suficiente y en distribución territorial equilibrada, con profesionales cualificados».
La mayoría de registros y oficinas de información se encuentran adscritas a las distintas consejerías, agencias e instituciones dependientes, ofreciendo servicios de carácter departamental, adaptados a sus respectivas competencias. La Junta plantea un nuevo sistema que «implica una fusión de muchas de las actuales sedes, reconsiderando el número total de oficinas abiertas para optimizar recursos y costes». Y subraya que «éste es el principal aspecto que facilita el cumplimiento del principio de coste cero».
Las organizaciones sindicales consultadas aseguran que la Junta niega que estas medidas vayan a suponer una merma de personal sino una reubicación de las plazas de funcionario, que es el personal cualificado por ley para realizar las funciones de los registros. Otra cuestión diferente es la decisión que adopte los responsables de las agencias con personal laboral que cuenten con servicio de atención departamental concreto.
La implantación en la capitales de provincia de, al menos, un Centro de Información y Asistencia Administrativa, se hará «contando con la red actual y sus efectivos, resultando muy reducidos sus requerimientos en comparación con el número de oficinas que se amorticen en el mismo término municipal».
Además, se renovarán las instalaciones «de modo que resulten funcionales y favorezcan la realización de gestiones de manera autónoma o asistida». Desde el punto de vista informático se integrará «la información de toda la Junta de Andalucía en un sistema de información común, en modalidad multicanal, al día con los avances tecnológicos e interoperable con el resto de administraciones». Se consolidará un acceso unificado al sistema de información común y se garantizará la coordinación entre todas las fuentes para ofrecer una información uniforme –«por primera vez» se ofrecerá «una imagen común de la gestión pública»– ya sea por el canal presencial, telemático o telefónico.
La Junta incluso plantea una metodología de autoevaluación de los servicios que «los oriente a la mejora», atendiendo a la opinión de la ciudadanía. Todo estas modificaciones y rediseño del sistema, como queda reflejado en la memoria económica, se plantean desde la «previsión global de coste cero» y, según las consultas efectuadas, sin reflejo en las plantillas afectadas por fusión de las sedes actuales que afectan tanto a las diferentes consejerías como a los entes instrumentales.