Okupas: aumento de un 200% respecto a 2015

Se estima que en España hay unas 85.000 viviendas ocupadas; en Andalucía, entre 20.000 y 30.000, «en torno a 26.000, como dato estimativo», señalan a LA RAZÓN desde el Grupo VPS, la multinacional que más sistemas antiokupas instala en el país. El populismo tras el eslogan de «ni casas sin gente ni gente sin casa» llevó al movimiento 15M a amparar la ocupación de viviendas en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y provocó un cambio de parámetro social que puso en duda los principios básicos de convivencia y el respeto a la propiedad privada. En el punto álgido de la crisis, en 2012, la ocupación de viviendas vacías por personas que fueron desahuciadas de sus hogares superó más del centenar de casos sólo en Sevilla. Cada dos días se producía la ocupación de un inmueble por una persona que se había visto obligada a abandonar su domicilio al no poder pagar la hipoteca o el alquiler debido a la crisis y ante unas tasas de desempleo desbordantes. En la actualidad, en la comunidad se ha pasado de 50 instalaciones semanales de sistemas antiokupas a más de 120. «Al principio, principalmente, las ciudades donde se instalaban eran Sevilla y Málaga, siendo ahora habitual y con un crecimiento fuerte en zonas como Cádiz, Huelva y Córdoba», señalan a LA RAZÓN fuentes de VPS. «El problema de las ocupaciones ha aumentado en un 200% respecto a 2015», añaden.

Empresas del sector señalan que «ha aumentado la preocupación de los propietarios particulares siendo un punto fuerte dentro de las intervenciones a día de hoy». Principalmente, «están protegiendo las segundas viviendas en costa y montaña por miedo a ocupación». El «miedo a la ocupación», sobre todo en periodos vacacionales, ha provocado que «se disparen las solicitudes de alquiler de los sistemas antiokupas». «Se está instalando una media de 4.000 al mes en toda España, cientos de ellos cada día en Andalucía. Los datos de ocupación actuales son bestiales», apuntan. Madrid y Barcelona son las ciudades que más lo sufren a escala nacional. En Andalucía, la principal capital que sufre la presión okupa es Sevilla, seguida de Málaga y Córdoba. Las vacaciones suponen un momento que muchos okupas aprovechan para colarse y ocupar viviendas particulares. El miedo a ser ocupado hace que muchos propietarios alquilen cada mes los llamados sistemas antiokupas: puertas y pantallas de acero que instalan en sus viviendas mientras ésta permanece vacía. Se calcula que la media de peticiones llega a las 4.000 al mes. Más de 270.000 personas ocupan viviendas en España según el último estudio realizado por el Institut Cerdá, lo cual implica 87.500 familias en viviendas de manera ilegal. Una situación que hace que cada vivienda ocupada pierda automáticamente entre el 40 y el 60% de su valor, sin contar el coste de echar a los ocupas de la vivienda, que entre abogados, lucro cesante y posibles daños asciende hasta los 30.000 euros.

El Grupo VPS ha publicado un decálogo para «mantener nuestra vivienda libre de okupas», una serie de consejos para mantener la propiedad protegida de posibles intrusiones okupas en vacaciones. Según su director general, Óscar Aragón, «se trata de unos pasos sencillos ya conocidos por muchos y que nos van a ayudar a reducir el riesgo de que un intruso entre en nuestra casa para ocuparla». Desde grupo VPS se alquilan los llamados sistemas antiokupas: puertas y pantallas de acero que se instalan mientras el inmueble permanece vacío, reduciendo al mínimo las opciones de los okupas. También se complementa con la instalación de alarmas temporales. «Antiguamente, la única opción era tapiar los accesos, hoy en día contamos con estos sistemas mucho más modernos, cómodos y baratos para el propietario». Madrid y Barcelona encabezan el ranking de viviendas ocupadas con 1.201 inmuebles en la capital y 869 en la Ciudad Condal. En el caso de Madrid, los distritos de Villaverde, Usera y Puente de Vallecas concentran la gran mayoría de los inmuebles asaltados y suponen el 93% de los 11,6 millones que este fenómeno cuesta cada año a los propietarios de la capital, mientras que en Barcelona el coste conjunto de 9,8 millones lo asumen en su mayor parte los propietarios de los distritos más perjudicados.

El axioma que amparaba la ocupación de viviendas y convertía, como coartada, al propietario en poco menos que un ser maléfico, sobre todo si la propiedad pertenecía a entidades bancarias o empresas inmobiliarias, con el paso del tiempo se ha demostrado en primer lugar ineficaz en la lucha contra la pobreza. Andalucía batirá en 2018 su récord de PIB, según la estimación del Presupuesto de la Junta pero la tasa de pobreza andaluza ha pasado del 31,6% en 2005 a un 41,7%, sólo superada por varias regiones búlgaras y rumanas y por Canarias. Además ha conllevado problemas de convivencia que han vuelto la tortilla en la percepción social del «okupa». Nadie discute que una familia sin recursos tenga un techo para vivir. De ahí la importancia de los servicios sociales y el peso de las viviendas sociales, incluso, en las políticas de las propias fundaciones bancarias. Diferente es el abuso y la usurpación de la propiedad privada por parte de individuos con capacidad adquisitiva para sufragar a las mafias que asesoran en el proceso de ocupación de una vivienda: indicando dónde ocupar, cuándo, cómo y qué hacer tras la ocupación. Existen casos incluso de ocupación de viviendas sociales por parte de clanes enteros de una misma familia, provocando que otras personas que se rigen por un baremo para entrar a habitarlas queden excluidas de las mismas.