Crespo y el Bigotes pactan rebajar penas a cambio de una confesión
Las defensas de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez, el «Bigotes», se entrevistarán hoy con sus clientes en prisión para tratar de «dibujarles el nuevo escenario» que se abrió el martes cuando Francisco Correa señaló -por referencias de Crespo- a Ricardo Costa como la persona que les indicó que debían cobrar a los empresarios.
Tanto Crespo como Pérez buscarán también un acuerdo con la Fiscalía para tratar de rebajar sus condenas y se prevé que repetirán la acusación que el martes hizo Correa.
Fuentes consultadas apuntaron a que la Fiscalía podría no conformarse solamente con uno de los procesados como posible autor de los ilícitos, sino que buscará que la responsabilidad de los delitos electorales y de la falsedad ataña a más procesados.
Durante la mañana de ayer, los abogados Miguel Durán y Javier Vasallo, letrados respectivamente de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez se entrevistaron con el juez Vázquez Honrubia y con la fiscal Míriam Segura, y a continuación bajaron a los calabozos de la Audiencia para reunirse con sus clientes que ya habían sido trasladados al edificio de San Fernando de Henares desde prisión.
Tras varias entradas y salidas en la sala, con sus respectivas visitas a los calabozos, se convocó la sesión en la que, según el guión pactado minutos antes, Miguel Durán pidió la suspensión de la vista para preparar la declaración de su cliente en virtud del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a «revelaciones o retractaciones inesperadas que produzcan alteraciones sustanciales en los juicios». Vasallo se adhirió a la petición.
El juez, en este punto, quiso dejar claro que si suspendía era para obtener algo, y preguntó explícitamente al abogado de Crespo si su cliente «aportará hechos relevantes a la luz de lo que dijo ayer el señor Correa», a lo que el defensor contestó que sí.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, obviamente, no se opusieron y la vista se suspendió hasta mañana.
El resto de las partes asistieron no sin cierta perplejidad y nervios a las idas y venidas de los dos abogados, y mostraron su disgusto por el «mercadeo» que, aparentemente, estaban manteniendo con el juez y la fiscal.
Este malestar se unió al que ya se originó por el pacto que en su día alcanzaron la Fiscalía y nueve empresarios por el que estos esquivaban la prisión a cambio de admitir el pago de los actos electorales del PP. En dicho pacto se incluyó que los acusados no contestaran a las defensas de los cinco políticos, por lo que era imposible exonerar a ninguno.