Díaz orilla la Ley de Evaluación de las Políticas Públicas de Cs
Ciudadanos no funciona como el resto de grupos del Parlamento. En tres años de legislatura, la formación que lidera en Andalucía Juan Marín ha optado por dejar la iniciativa legislativa a Susana Díaz. Hasta este mes sólo había presentado una proposición de ley, la de atención temprana; resultó ser la misma que la del PSOE y para acallar las críticas tras dejar tiradas a las familias de los niños con trastornos, que sí contaron con el respaldo del resto de la oposición. A comienzos de este mes, Cs anunció que estaba elaborando una proposición de Ley de Evaluación de Políticas Públicas ante la actitud del Gobierno andaluz a la hora de abordar esta materia, primordial, a su juicio, para asegurar un buen uso de los 30.000 millones que mueve anualmente la Junta. La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar, como ya había sugerido, recurriendo a un «decretazo» que orillará la propuesta naranja. Da igual que sea su socio de gobierno. Si Cs depende de PP, Podemos e IU, la ley no saldrá adelante. Aun así, Marín parece decidido a presentar el proyecto de ley en el primer semestre de 2018.
Susana Díaz ya ha decidido. La Consejería de Hacienda y Administración Pública tramita el mencionado decreto. Menos de una semana después del anuncio de Cs, abría el plazo de aportaciones públicas al proyecto. Hasta el 2 de enero la ciudadanía, entidades e instituciones públicas o privadas que así lo consideren pueden hacer llegar sus aportaciones. Se trata de, en primer lugar, «establecer los elementos básicos para posibilitar la evaluación de políticas públicas: los instrumentos de desarrollo de políticas públicas que pueden ser evaluados, así como los criterios de actuación esenciales»; en segundo, «promover la cultura de la evaluación e impulsar su práctica en la gestión pública, asesorando»; y por último, «posibilitar que el Instituto Andaluz de Administración Pública realice actuaciones de asesoramiento y promoción de la evaluación, así como lo que le encomiende el Consejo de Gobierno, en especial en evaluaciones ex ante».
El impulso de la evaluación de las políticas públicas –anunciado allá por octubre de 2016 por la presidenta en una debate sobre el estado de la comunidad y olvidado hasta ahora– pretende «contribuir a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas», según la Consejería de Hacienda, que se basa la Ley de Transparencia y el decreto que regula la estructura orgánica de la consejería, sin hacer hincapié, como destaca Ciudadanos, en que se trata de una obligación recogida en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía.
Sea como fuere, cuando el proyecto de ley de Cs llegue a la cámara, los socialistas ya habrán puesto en marcha el decreto y podrán silenciar, si no lo han hecho antes, cualquier situación incómoda desde el punto de vista político. Una propuesta «pionera», según Cs, que obligaría, por ejemplo, a dar explicaciones consejería por consejería al menos una vez al año en el Parlamento.