Díaz activa la maquinaria electoral con un paquete de medidas sociales
Con el Presupuesto autonómico para el próximo año aprobado, el que puede ser el último de la legislatura, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha puesto en marcha la maquinaria electoral. El Consejo de Gobierno de ayer dio luz verde a una serie de medidas marcadas por la cercanía de las urnas, con un notable acento social para visualizar la preocupación del Ejecutivo por los más débiles en la recta final de un año en el que ya se empieza a vislumbrar de una manera más clara el ocaso de la crisis económica. De un solo golpe, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció la aprobación del decreto ley que formaliza la renta mínima de inserción social, el aumento de un 2 por ciento de las pensiones asistenciales y no contributivas y más inversión para reforzar la dependencia.
Aunque no es la iniciativa defendida por los sindicatos y entidades sociales –abogaban por una renta básica universal–, la renta mínima de inserción es la medida social estrella del Ejecutivo para el próximo año, muy criticada por su «limitada» capacidad para reducir los abultados índices de pobreza que soporta la comunidad autónoma. En concreto, cuenta con una dotación económica de 198 millones de euros para 2018, que llegarán a los 819 hasta 2021. Se beneficiarán de esta prestación, según los cálculos de la Junta, casi 45.000 familias, es decir, 120.000 personas, de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) actual.
«Se trata de un compromiso de la presidenta y del Gobierno andaluz con las personas que más están padeciendo la crisis», subrayó Sánchez Rubio, quien aclaró que la medida irá acompañada de un plan de inserción social y laboral.
Las cantidades oscilarán entre los 419 y los 779 euros al mes durante doce meses prorrogables otros seis meses más. Podrán acceder a ella nuevos colectivos, como los inmigrantes, mayores de 65 años con menores a su cargo o jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, siempre que concurran circunstancias excepcionales. Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem). Concretamente, el importe equivale al 78 por ciento de este indicador en la fecha de la solicitud. El porcentaje se incrementará un 10 por ciento por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la solicitante, hasta un máximo del 125 por ciento del Iprem.
Tanto PP como Podemos se mostraron muy críticos con la iniciativa. La portavoz de los populares en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, lamentó que el decreto ley «llega tarde», al tiempo que advirtió de que se aplica con fondos limitados y que, por tanto, vaya a haber familias que «se quedarán fueran». Por su parte, Podemos tachó de «ínfima» la cantidad prevista para 2018: «Es como intentar curar a un enfermo en la UCI con aspirinas». El parlamentario Jesús Romero señaló que «se hace un lavado de cara de algo que estaba en vigor», lamentando que la medida, planteada en los términos en los que lo hace la Junta, «no cumplirá las necesidades de todas las familias» y, por tanto, se continuará «aumentando la desigualdad» en una comunidad que tiene unos datos de pobreza, según recordó, «similares a los de Rumanía». La ONG Save the Children, de su lado, remarcó que la iniciativa «no reducirá la pobreza infantil, a pesar de ser uno de sus objetivos». Según los nuevos criterios, sostiene la entidad, muchas familias que se encuentran por debajo del umbral andaluz de pobreza severa –8.785,45 euros al año para una familia de 2 adultos y 2 hijos menores de 14 años, pero por encima del criterio fijado por la RMI (6.540,00 euros/año)– «se quedarán sin poder recibir la prestación». Además, se dará la situación de que los que la reciban «no llegarán a superar el umbral de pobreza severa autonómico, lo que impedirá que se reduzcan las tasas de pobreza en Andalucía».
El Consejo de Gobierno también aprobó los dos decretos reguladores de las ayudas de carácter extraordinario para las pensiones asistenciales y no contributivas, que en ambos casos aumentarán un 2 por ciento respecto al ejercicio anterior, beneficiando a 104.032 personas. Según Sánchez Rubio, la medida se adopta ante la «sangrante» congelación de las cuantías estatales, la «probable» subida de solo el 0,25 por ciento en el caso de las no contributivas y la «pérdida de poder adquisitivo del conjunto del colectivo».
En cuanto a la dependencia, se aprobó una partida de 10,29 millones de euros para financiar los contratos de los cerca de 400 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo. Serán las ocho diputaciones provinciales y un total de 84 municipios los que se encargarán de formalizar los contratos, un personal «fundamental» porque «somos la única comunidad que mantenemos este refuerzo», aseguró la consejera.
La oferta pública de empleo es otro de los resortes de la Junta para encarar las elecciones con garantías. Según datos recopilados por el sindicato ANPE, el total de plazas, en el ámbito docente, asciende a 5.658, correspondientes a la OPE del decreto 50/2017 y la de 2017/2018, tanto para la consolidación de plantilla como la previsión de la tasa de reposición. De esta cifra, 4.660 se refieren a Enseñanza Secundaria, 772 a Formación Profesional, 80 para escuelas oficiales de idiomas y 137 para Artes Plásticas.