La causa sobre una fundación de la Junta se calienta al sumar 23 investigados
Sube la temperatura en la pieza de la «macrocausa» en la que se investigan presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta centrada en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que sostenía el Gobierno autonómico. La coordinadora del proceso, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha citado como investigadas el próximo febrero a 23 personas, entre ellas los ex directivos de la antigua fundación Fernando José Villén y Joaquín Morales, tras oír antes a una decena de testigos también convocados para ese mes de 2018. Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción concluyera que Faffe realizó contratos «indiciariamente irregulares» entre los años 2008 y 2010 por valor de 9.465.332 euros, en línea con lo sembrado en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se describían las supuestas anomalías detectadas en esas adjudicaciones, según aseguraron ayer a LA RAZÓN fuentes del proceso.
Núñez intentó dar carpetazo a la pieza centrada en la polémica fundación creada en enero de 2003 y calificada por algunos sindicatos y la oposición como un «nido de enchufados» cuando en marzo de 2016 la archivó de manera provisional después de haberla declarado causa compleja. Pero la Audiencia Provincial de Sevilla anuló su auto de sobreseimiento, tras un recurso interpuesto por el PP-A, y obligó a la magistrada a volver sobre sus pasos.
Es en esa segunda «vida» de la causa, en la que Núñez ha optado ahora por formular las señaladas citaciones, entre las que se incluye la del ex alcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres, quien había cobrado presuntamente de la Faffe durante años. Junto a ellas, la jueza ha acordado, a través de una providencia, una batería de diligencias que pasan, para arrancar, por librar oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo para que remita el expediente de los distintos reintegros incoados contra la Faffe e informe sobre los trabajos «de justificación y liquidación» previos a la absorción en la práctica de la entidad por el SAE. Junto a ello, la instructora quiere conocer ahora las subvenciones investigadas y el resultado de la revisión que de las mismas hizo «el grupo de trabajo que se formó en la propia Dirección General de Formación», por lo que pide que se remita al juzgado «a la mayor brevedad», un «informe definitivo» que gire en torno al «posible fraude» en esas ayudas.
En paralelo, la magistrada ha librado oficio a la misma Dirección General de Formación para el Empleo con el fin de que ésta facilite a la Unidad Central Operativa del Instituto Armado las cuentas de «las empresas beneficiarias de los contratos celebrados» por la ex fundación, sin olvidar la concesión a «sociedades con adjudicaciones de contratos irregulares». Le insta también a proporcionar a la Guardia Civil datos sobre «el repositorio de correos electrónicos» ligado a la Faffe, así como la «operativa» vinculada a «los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la caja central» de la entidad. Se trata de puntos por los que ya se había interesado la Fiscalía el pasado septiembre tras analizar el mencionado atestado de la UCO y detectar que de él se desprendían «con carácter de verosimilitud», según señalaron las fuentes consultadas por este diario, que Faffe habría adjudicado contratas mediante los procedimientos que no eran los adecuados. Unos hechos que para Anticorrupción podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de «prevaricación y malversación de caudales públicos» y sobre los que el juzgado sevillano pretende indagar.
La antigua fundación de la Junta lleva años en el punto de mira. Más allá de los tribunales, la Cámara de Cuentas autonómica no encontró una explicación plausible, y así lo plasmó en su informe de Fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en otro de 2004, del uso que el ente hizo de casi 49 millones de euros que recibió en subvenciones en 2009 y 2010, por ejemplo. «No consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello», se recogía en ese trabajo del órgano fiscalizador. Con todo, desde el Gobierno andaluz se defendió entonces que el proceso para detallar qué había sucedido con aquel dinero no había terminado todavía y que las ayudas otorgadas eran legales.
Cuando desapareció la ex entidad pública, los 1.139 trabajadores con los que contaba fueron asumidos en 2011 por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una plantilla subrogada que supone un coste anual de 24.409.736,21 euros, según datos proporcionados por el propio Ejecutivo regional, vía Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), de los que ya informó este diario.