Los sindicatos recuerdan que Oltra se abstuvo en la ley que ahora defiende
El grupo parlamentario Compromís, al que pertenece la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se abstuvo en la votación de la Ley de Participación Institucional, la norma que distribuye los fondos públicos entre las organizaciones sindicales mayoritarias (UGT y CCOO) y la patronal. Así lo recordaron ayer los sindicatos minoritarios CSI·F, Intersindical, USO y el Sindicato Independiente, al pedir un poco de «coherencia» a Oltra, que ahora defiende esta misma ley.
Estas organizaciones ya recurrieron la norma tras ser aprobada en marzo de 2015 por el PP, PSPV y EU, y las abstención de Compromís. El TSJ rechazó los recursos aunque posteriormente el Supremo sí que aceptó algunas de las alegaciones de las organizaciones. Por ello, el conseller de Economía, Rafael Climent, convocó recientemente a estos sindicatos para realizar algunas reformas en el reparto de los fondos aunque fueron «insuficientes», en palabras de sus representantes.
La polémica vuelve a estar ahora sobre la mesa a raíz de una enmienda a los presupuestos de 2018 presentada por el PP en la que se plantea que los fondos de esta Ley se repartan de forma más equitativa mediante presentación de concurrencia.
Los líderes de las organizaciones sindicales minoritarias, excluidas del reparto, aseguraron ayer que «aplaudirán» cualquier modificación en la norma para acabar con el «bisindicalismo, la discriminación y la competencia desleal entre sindicatos».
El presidente de CSI·F, Daniel Matoses, celebró que el PP cumpla mediante esta enmienda «el compromiso el compromiso que adquirió con las cuatro formaciones» y matizó que descarta que se trate de una «venganza del PP hacia los sindicatos mayoritarios por haber acudido a la manifestación del 18-N» en la que se reclamaba una reforma en el sistema de financiación. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente, Fermín Palacios, resaltó que, aunque se alegran de que ahora se quiera cambiar esta Ley, no olvidan que fue el PP el partido que la aprobó.
En lo que sí coincidieron fue en señalar que solo la Comunitat cuenta con una norma de este tipo que «no tiene sentido» puesto que la patronal y los sindicatos no deberían recibir dinero público.