Ecologistas pide que un centro del Ministerio de Sanidad acoja a inmigrantes de la cárcel de Archidona
Hay decisiones con muchos ecos. La del Ministerio del Interior de recluir a más de medio millar de inmigrantes llegados en pateras a costas de Andalucía y de Murcia en la futura cárcel de Archidona (Málaga), ante el colapso de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha sido una de ellas. La iniciativa ha levantado polvareda y en mitad de ella Ecologistas en Acción tiene una propuesta para el Gobierno central que, según adelantaron ayer a LA RAZÓN fuentes de la organización, también canalizarán a través de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz: trasladar al Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) con el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuenta en Mollina (Málaga) al menos a parte de esos inmigrantes.
Esas instalaciones «están situadas a tan sólo 25 kilómetros de la prisión de Archidona –cuya entrada en funcionamiento como centro penitenciario está prevista para principios de 2018–» y «dispone de habitaciones para 200 personas» con «todas las condiciones de habitabilidad necesarias para esta acogida» rápida, explican desde Ecologistas. En la página web dedicada al Ceulaj –http://www.ceulaj.injuve.es– se puede comprobar además que éste no tiene ninguna actividad prevista para el próximo diciembre y los conservacionistas recuerdan que dicho centro «ya fue usado en 1999» para el acogimiento temporal de «cientos de refugiados kosovares durante la guerra de los Balcanes» y que «el Ayuntamiento de Antequera» abogó por que se usara para la recepción de ese tipo de colectivos «en 2015».
Las mismas fuentes de Ecologistas en Acción quieren dejar claro que se trata de una medida que plantean «con carácter de asistencia humanitaria y urgente» y que exigen el «excarcelamiento inmediato» de las más de 500 personas que permanecen en la prisión de Archidona. Una reclamación que apoyan en un hecho: «La legislación española, en concreto el artículo 62 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que los centros de internamiento para ellos deben ser públicos y de carácter no penitenciario». Si bien, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de marzo de este año recogió la Orden de Interior por la que se creó en el término municipal de Archidona el denominado «Centro Penitenciario Málaga II» para «completar» el mapa de cárceles de Andalucía, con lo que algo no encaja.