Cientos de salmantinos salen a la calle contra la mina de uranio de Retortillo
La mina de uranio que promueve la empresa australiana Berkeley en la provincia de Salamanca, concretamente en el municipio de Retortillo, sigue despertando el rechazo de los vecinos de esta zona.
Ayer, alrededor de un millar de personas se manifestaban por las calles de la capital salmantina para protestar contra un proyecto minero a cielo abierto que consideran perjudicial para los habitantes de esta comarca, tanto para su salud como en lo económico. De hecho, los manifestantes consideran que este proyecto echará a los agricultores y ganaderos de esta zona afectadas por la ubicación en la que está prevista la explotación minera.
«No a la mina, no al proyecto Salamanca», «Por el trabajo en un campo vivo», «Sí a la vida, no a la mina». «Berkeley minera, del Campo Charro vuela», «Hoy pasivos, mañana radioactivos» o «Salamanca despierta, tu tumba ya está abierta» eran algunas de las consignas que se podían leerse en las pancartas y se escuchaban también en las proclamas que lanzaban los manifestantes.
Entre los manifestantes se encontraban los líderes de Podemos e Izquierda Unida en Castilla y León, Pablo Fernández y José Sarrión, quienes coincidían en señalar en que este proyecto es una «auténtica tropelía y una barrabasada» que va a hipotecar la agricultura, la ganadería y los puestos de trabajo del balneario de la zona.
Asimismo, apuntaban al PP y la Junta como culpables de que este proyecto, actualmente paralizado por el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pueda salir adelante. «Tenemos que combatir la locura y la irracionalidad de la Junta de Castilla y León y del PP, cuyos dirigentes están haciendo todo lo posible por poner la alfombra roja a un proyecto de minería a cielo abierto que será el único de Europa Occidental», denunciaba José Sarrión, quien acusaba a Berkeley de gastarse millones de euros en publicidad en Salamanca prometiendo puestos de trabajo para un proyecto que dura diez años».
«Lamentablemente, la Junta se está doblegando al poder económico de una multinacional que pretende comprar voluntades para un proyecto que cuenta con la oposición mayoritaria de los vecinos y vecinas de toda Salamanca», decía, por su parte, Pablo Fernández, para quien el Gobierno Herrera «está provocando que se eche a la gente de sus tierras, en vez de luchar para revertir la despoblación».
Asimismo, ambos dirigentes recordaban que la empresa está obteniendo resoluciones negativas en todos los ámbitos, como el expediente informativo abierto por la UE al Gobierno de España por la falta de documentación relativa al proyecto, la declaración del Procurador del Común considerando necesaria otra Declaración de Impacto Ambiental, o la paralización del procedimiento de autorización de construcción de la planta por parte del Gobierno , a expensas de un dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear que no se ha producido todavía.
Finalmente, tanto Fernández como Sarrión coincidían en asegurar que aún hay tiempo para paralizar el proyecto definitivamente así como en reclamar al PP y a la Junta «que escuchen la voz de la gente, de la calle que quiere un futuro para su comarca y su tierra».