La Junta, satisfecha por que el Defensor recoja sus exigencias del gas en Doñana, pide actuar al Estado
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha mostrado la “satisfacción” de su departamento por la decisión del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de pedir al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, así como también ha sugerido que se suspenda el proyecto ‘Marismas Occidental’ hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta.
“Advierte de los riesgos sísmicos que implican estas actuaciones y recoge casi punto por punto las exigencias que la Junta planteó recientemente al Ministerio en relación con este asunto”, ha señalado Fiscal en unas declaraciones recogidas por Europa Press.
De esta manera, la Consejería espera que el Gobierno central reaccione y “cumpla con lo que le pide”, en este caso, el Defensor del Pueblo Español, que en un escrito solicita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que se aclare la situación del proyecto ‘Marismas Oriental’ y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos ‘Saladillo’ y ‘Aznalcázar’, y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.
Así, el departamento que dirige Fernández Marugán considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera “dudas” sobre la idoneidad del emplazamiento de los proyectos y de las evaluaciones ambientales realizadas.
La petición de evaluación conjunta afecta a los cuatro proyectos: ‘Marismas Occidental’, ‘Marismas Oriental’, ‘Saladillo’ y ‘Aznalcázar’, donde se prevé explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.
En definitiva, el Defensor quiere que se valoren “distintas alternativas” de almacenamiento de gas y garantizar “con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica” que el espacio no se verá “negativamente afectado” por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan “al mínimo posible”.
Por otro lado, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto ‘Marismas Occidental’ hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos.
La institución pidió información adicional al IGME en el mes de julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la “insuficiencia de la evaluación ambiental de los cuatro proyectos por separado”.
Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y una solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz.
El documento del IGME plantea “dudas” sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero.
Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio.
Finalmente, ha solicitado al departamento que dirige Álvaro Nadal que aclare el actual estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos ‘Saladillo’ y ‘Aznalcázar’ y la situación en la que se encuentra el proyecto ‘Marismas Oriental’, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía.