Justicia ordena que los imputados no se «escapen» por el juzgado de guardia
Que la Ciudad de la Justicia de Valencia es un coladero en todos los sentidos, no es ninguna novedad. Puertas antiincendios que no se cierran jamás, cámaras de vigilancia que nunca han funcionado, centros de control de alarmas sin personal.... y un largo etcétera. La inercia de los años ha hecho que la Ciudad de la Justicia funcione siempre así.
La marcha del gerente de la Ciudad de la Justicia con la llegada del Gobierno del Botànic, y su traslado al edificio 9 de Octubre, no ha hecho sino acuciar el abandono.
La peripecia de algunos imputados en las causas de relumbrón que han conseguido burlar las cámaras de televisión saliendo del edificio judicial por lugares impropios se ha hecho costumbre y ha puesto de manifiesto las debilidades en materia de seguridad del edificio que alberga al Poder Judicial en Valencia.
La «fuga» hace unas semanas de la tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, por el juzgado de guardia, tras declarar como imputada en la causa Imelsa ha sido la gota que ha colmado el vaso.
La Conselleria de Justicia remitió esta semana una circular a los tres colegios profesionales que operan a diario en la Ciudad de la Justicia: abogados, procuradores y graduados sociales, para recordarles que no pueden «sacar» a sus clientes por otras puertas que no sean las autorizadas para el público en general, es decir, la puerta principal.
Lamenta la Conselleria en su escrito que la «fuga» de imputados en procesos mediáticos, como es el caso del referido anteriormente, hagan a la ciudadanía pensar que existe un trato de favor por parte de la administración de Justicia hacia ciertas personas por razón de su notoriedad pública.
En cualquier caso, la Conselleria obvia que los accesos que consideran «reservados», no lo son, al estar abiertos la mayor parte del tiempo; y que es práctica habitual que las puertas que deberían estar cerradas y con acceso solo mediante tarjeta, estén siempre abiertas para comodidad de los funcionarios y merma de seguridad para todos. Algo que ya quedó patente en el incendio ocurrido hace semanas y en el que se comprobó que las puertas antiincendio estaban anuladas.