La Junta admite la «asfixia» de los ayuntamientos pero congela sus fondos
La Junta de Andalucía aprobó la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma. El desarrollo de ese texto normativo recogía que los fondos incondicionados destinados a los consistorios arrancarían en 2011 con una dotación de 420 millones de euros y se irían incrementando a razón de 60 millones de euros anuales, hasta alcanzar en 2014 los 600 millones de euros. A partir de esa fecha y en los sucesivos presupuestos, la asignación crecería en función de los ingresos tributarios de la comunidad. En concreto, la ley señala «que la dotación global provisional del Fondo y la dotación provisional del Fondo correspondiente al conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo se obtendrán, para cada ejercicio posterior a 2014, actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la variación prevista para los Ingresos Tributarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante los ITA) entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos». Sólo se cumplió ese plan en 2011 –año de su inicio– y en 2012, que se aumentó hasta los 480 millones previstos. En 2013, el gobierno de PSOE e IU congeló esta cantidad y así se ha mantenido hasta ahora. El Presupuesto de 2018 contempla el mismo importe para los ayuntamientos: 480 millones de euros. Será, por tanto, el sexto año consecutivo que la partida se estanca. En este periodo, de haberse cumplido la planificación establecida en la ley, el Ejecutivo andaluz se habría quedado con 660 millones de euros que les hubieran correspondido a los ayuntamientos –60 millones en 2013 y 120 millones anuales entre 2014 y 2018, más el porcentaje de variación mencionado–.
Durante todos estos años, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha argumentado que si se incrementaran los fondos que se destinan a los ayuntamientos, estos no podrían hacer frente a nuevo gasto sino que el dinero sería un superávit que tendría que ir a la amortización anticipada de la deuda. Ha responsabilizado al Gobierno de esta decisión mientras que el PP andaluz, periódicamente, denuncia públicamente la deuda de la administración regional con los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, pese a ser las administraciones públicas más saneadas de España –según los datos del Ministerio de Hacienda en el primer semestre de 2017 obtuvieron un superávit de 1.874 millones de euros–, tienen dificultades económicas. La Junta, pese a congelarles los fondos que por ley les corresponden, admite esta situación. En la memoria que acompaña al proyecto de ley de presupuestos para 2018 apunta que «en el año 2015, según datos obtenidos a 30 de diciembre de 2016 respecto a la liquidación de los presupuestos del año 2015 proporcionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que corresponden al 93% de los 775 ayuntamientos existentes en la comunidad autónoma de Andalucía en 2015, los ayuntamientos andaluces liquidaron 7.627,4 millones de euros en concepto de ingresos corrientes siendo sólo el 61% de ese importe aportado a través de sus tributos propios». Por tanto, casi 4 de cada 10 euros que manejan provienen de otras fuentes de ingresos.
En este sentido, la memoria reconoce las dificultades de los ayuntamientos para obtener fondos ya que «el aumento en el volumen de tributos propios se encuentra limitado en tanto en cuanto recae directamente su peso en los ciudadanos y ciudadanas que los han de soportar». Señala que «la presión fiscal entendida como la cantidad liquidada por tributos propios, expresada en términos per cápita, se incrementó en Andalucía respecto al ejercicio anterior con una media de un 1% anual en 2015 frente al 3% que experimentó en el 2014». Estos porcentajes no son iguales en todas las provincias, ya que en algunas este esfuerzo «llegó en el 2015 a superar con creces la media regional siendo en algunos casos del 5,1%, 4% ó 2,1%, euros por habitante».
Ese argumento, justifica a juicio de la Junta de Andalucía «que dada la insuficiencia de recursos corrientes que sufre actualmente la esfera local, se hace necesario, además de constituirse como una obligación legal, el nutrir a las Haciendas Locales de este tipo de fondos de carácter incondicionado que permitan la suficiencia financiera para el desempeño de sus competencias y la prestación de servicios básicos para la ciudadanía».
La Junta sí mantendrá el año que viene un sistema de anticipos con cargo a la cantidad que cada ayuntamiento debe percibir de estos fondos.
La Patrica divide a los 775 ayuntamientos andaluces en cuatro grupos en función de su población: los que cuentan con menos de 5.000 habitantes; aquellos con población comprendida entre los 5.000 y los 19.999 habitantes; los núcleos urbanos con un censo de entre los 20.000 y los 49.999 habitantes; y, por último, los municipios con más de 50.000 habitantes. En este último grupo, por ejemplo, los ayuntamientos de Sevilla y Málaga recibieron 25 y 21 millones de euros respectivamente correspondientes al fondo de este ejercicio.