Operativo de las Faes, Cicpc, Conas Y la PNB dejó una masacre en la parroquia La Vega
Tras varios días de violencia en las calles del sector La Vega, municipio Libertador, al menos 24 personas perdieron la vida en lo […]
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Tras varios días de violencia en las calles del sector La Vega, municipio Libertador, al menos 24 personas perdieron la vida en lo que sería la primera matanza a manos de funcionarios de distintos cuerpos policiales en los escasos 8 días del 2021.
Mediante redes sociales, vecinos denunciaron disparos de armas de fuego en distintos puntos la noche del miércoles 6 de enero, cuando supuestos delincuentes de distintas organizaciones aparentemente se disputaban la zona para sus actividades criminales, luego el viernes 7 y 8 de enero arribaron al menos 350 agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), escuadrón acusado de numerosas violaciones a los Derechos Humanos.
El operativo se llevó a cabo en la calle Zulia, calle Primero de Mayo, Los Mangos, Los Cangilones, Las Margaritas, Los Paraparos, Valle Alegre y las áreas boscosas, zonas que colindan con la Cota 905, El Valle y El Cementerio. Destacando que, en las últimas semanas del 2020 vecinos de la calle Zulia y zonas aledañas habían reportado la presencia de hombres con armas largas y granadas.
Aunque las versiones oficiales insisten en que el operativo se realizó en aras de la seguridad, familiares de las víctimas insisten en que fueron ejecutados en la calle y dentro de sus casas. Según sus testimonios, “la masacre estuvo protagonizada por un grupo de hombres vestidos de negro y con armas largas que pertenecían en su mayoría a las FAES y fueron cerro arriba en la noche, poco después bajaron por las escaleras entrando a la fuerza a las casas y en vehículos asesinando a quienes estaban circulando cerca de las 9:30 pm”.
Al menos 10 de las personas asesinadas solo recibieron un disparo en pecho sin motivo alguno. Uno de ellos fue identificado como Nelson Villalta, de 50 años. Su esposa declaró que era profesor de música en Fundamusical en Chapellín y actualmente trabajaba como vigilante en un hotel en Altamira, indicó el periodista Román Camacho. Presuntamente se había quedado en la línea de fuego de la supuesta balacera que hubo el viernes en La Vega.
También se informó de la muerte de Néstor Duarte, asesinado en su casa por funcionarios de las FAES. Era padre de una niña de 14 años.
Jonathan Useche, fue sacado de su casa encapuchado por los funcionarios de las FAES. Su cuerpo estaba el sábado en la morgue de Bello Monte. Mientras, Carlos Alfredo Hernández Hurtado, había salido la mañana del viernes de su casa para comprar un queso y luego iba a reunirse con un amigo. Cuando caminaba por la calle Independencia lo balearon, afirmó un familiar. Ambos tenían 17 años.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Bello Monte, donde los funcionarios informaron que los allegados no podrían velar a sus víctimas, porque los cadáveres serían llevados directamente al cementerio.
Venezuela registró 12 mil fallecidos en hechos violentos en 2020 según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una tasa de 45,6 por cada 100 mil habitantes, 7 veces mayor a la media mundial.
Más de un tercio de las muertes, de acuerdo con el OVV, se registraron a manos de policías y militares, hechos calificados por las autoridades como consecuencia de “resistencia a la autoridad”. Esto significa que, Venezuela encabeza el ranking regional de la violencia gracias a las ejecuciones.
Desde agosto del 2010 hasta agosto del 2020, más de 27 mil personas han sido asesinadas por cuerpos policiales y militares, según la ONG Provea.
Las FAES han sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. El pasado 29 de septiembre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar preocupada por “los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de “operativos de seguridad”, revelando que su oficina registró 711 muertes entre junio y agosto de 2020.
Además, denunció más de 2 mil muertes por operativos policiales en Venezuela desde enero de 2020, “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes”, dijo la Alta Comisionada. Ante esto, pidió disolver ese cuerpo de seguridad y sus altos mandos debían rendir cuentas por los cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres del país, sin embargo, el grupo de exterminio ha recibido pleno respaldo del régimen de Nicolás Maduro.
El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, rechazó los hechos violentos cometidos en La Vega y que se asemejan a los que dejaron las primeras actuaciones de las llamadas Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) que inició en el año 2015 la administración de Nicolás Maduro, donde ejercían el control sobre la comunidad mediante métodos represivo. “El gatillo de un político, no es el juez para decidir quien vive o quien muere”.
Igualmente, recuerda que las primeras OLP (Operación Liberación del Pueblo), efectuadas en la Cota 905 tuvo un saldo de 17 muertos, y otra efectuada en el estado Aragua en 2016 finalizó con 16 fallecimientos, lo que significa que el reciente, llevado a cabo en La Vega, con saldo de 24 personas fallecidas, sería el más grande hasta ahora.
Finalmente, aseguró que se encuentra documentando estos hechos para poner en conocimiento a la oficina de la Alta Comisionada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su mecanismo especial MESEVE.
Las acusaciones contra las FAES y otros cuerpos policiales han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales y sustentan el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, que ya ha señalado que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017. La misión de investigación de la ONU también recogió en su informe, presentado el pasado septiembre, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
NP.
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