Buscan obligar al Poder Judicial a transparentar sentencias
La diputada Ana Lidia Sandoval, autora de la iniciativa a la reforma a la Ley de Transparencia, explica que también se tendrían que transparentar los archivos judiciales
Para que todas las sentencias definitivas emitidas por cualquier juzgado sean transparentadas con versiones públicas donde se reserve la información del denunciante, en el Congreso de Jalisco perfilan la votación de una reforma a la Ley de Transparencia para incorporar esa obligación.
La diputada Ana Lidia Sandoval, autora de la iniciativa, explicó que también se tendrían que trasparentar los archivos judiciales y se pone como plazo el 1 de julio de 2022 para publicar todas las sentencias emitidas en los últimos diez años. Además del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, también el Instituto de Justicia Alternativa deberá cumplir la disposición
Fátima Gamboa, integrante del colectivo “Equis Justicia para las Mujeres”, subrayó que Jalisco ocupó el lugar 23 a nivel nacional, en el pasado informe “(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, en el cual detectaron deficiencias como no registrar las sentencias emitidas, por no considerarlas de interés público y por no contar con políticas de transparencia proactiva.
La activista destacó que las sentencias de primera instancia se deben publicar, aunque sean impugnadas. Además de que en las versiones públicas se incluya la información del juzgador y los argumentos de la decisión emitida.
“Hay un criterio constitucional de máxima publicidad y bajo ese principio todas las sentencias incluidas las de primera instancia que no han causado estado tendrían que hacerse públicas, siempre y cuando no afecte el litigio que se está llevando, pero eso lo tienen que argumentar los jueces y juezas”, expuso.
Por su parte, la diputada Mirza Flores, dijo que con la publicación de sentencias se podrá analizar la impartición de justicia con perspectiva de género. Explicó que la reforma replica a nivel local lo aprobado en el Senado, aunque aún está pendiente de votarse en la Cámara de Diputados.
GC