Plebiscito
La fuerte campaña para sembrar la idea de vínculos de López Obrador con el narco tiene que ver con que el gobierno apenas ha tocado la extrema concentración de riqueza.
La elección de 2024 para renovar la Presidencia de la República, dijo López Obrador en la mañanera del lunes, será “al mismo tiempo, un referéndum, un plebiscito”; será, en efecto, la elección entre restaurar la Constitución y consolidar reformas y acciones apenas iniciadas durante el actual gobierno, o revertir el propósito político de mitigar las desigualdades sociales y regionales.
Eso es todo; no es una “revolución” de izquierda lo que representa López Obrador, ni atentatoria contra derechos como el de propiedad o los de carácter civil, sino un reformismo por métodos pacíficos que no obstante, ha desatado una fiera campaña de oposición que más parece de intereses creados que ideológica.
Las campañas de oposición ya no acusan a AMLO tanto de que esté llevando al país al chavismo venezolano o al castrismo cubano; la que está en curso se basa en que recibió dinero del narco en su campaña presidencial de 2006, investigación que corrió a cargo de la DEA y que tanto el Departamento de Justicia como los fiscales en Nueva York desestimaron y cerraron en 2011.
Quizás la fuerte campaña para sembrar la idea de vínculos de López Obrador con el narco, solventada por algunos empresarios -apoyadores del Frente Amplio por México y de su candidata Xóchitl Gálvez a la presidencia- tenga que ver con que el gobierno apenas ha tocado la extrema concentración de riqueza cobrándole a los poco más de 11 mil grandes contribuyentes los impuestos que a algunos se les condonaban.
Hay 2.33 billones de pesos en adeudos al fisco, de los cuales, al tercer trimestre del año pasado, según la Secretaría de Hacienda, los deudores de 1.425 millones de millones de pesos se han inconformado y recurrido a tribunales. No los quieren pagar.
La 4T no es económica, ni política, ni ideológicamente contraria al desarrollo capitalista o empresarial del país. Corregir los excesos en desigualdad social que prohijó el neoliberalismo, favorece el desarrollo de empresas, del comercio, del territorio y de los trabajadores.
Hacerlo es económicamente más eficiente, socialmente más justo y políticamente más estable. Es un proyecto político que requiere la restauración de nuestra Constitución.
La Constitución fue, además de norma de las relaciones entre la sociedad y sus representantes en el ejercicio del poder, la primera en el mundo que contenía una idea de progreso social y la manera de alcanzarlo.
Aquel proyecto de nación dejó de ser un vínculo de cohesión entre la sociedad y el gobierno; dejó de ser popular para convertirse en cupular, como ha dicho el prestigiado constitucionalista Diego Valadés.
La distorsión empezó con el gobierno de 70 años del PRI, pero fue en el periodo neoliberal cuando se hicieron los cambios esenciales.
Uno medular fue que la democracia dejara de concebirse como una forma de superación constante de la vida colectiva, y se transformara en la idea de la libertad individual sin más cortapisa que las reglas del mercado, carentes de ética o de compromiso solidario.
La libertad democrática se entiende ahora como la posibilidad de potenciar y acrecentar las ventajas iniciales de quienes las tienen -empresas e individuos- al encontrarse en los mercados con empresas o trabajadores menos dotados o afortunados.
La elección del 2 de junio será un plebiscito, entre otros temas, de la democracia que exalta el mérito y el merecimiento individual, y así explica las diferencias sociales, frente a la democracia que promueve la equidad y la justicia como propósitos medulares del proyecto nacional.