PP y Vox retrasan el debate de la ley valenciana de "concordia" hasta después de las elecciones europeas
El PP y Vox, los partidos que sustentan al Consell de Carlos Mazón, retrasan el debate sobre la cuestionada ley de “concordia” hasta después de las elecciones europeas. Con su mayoría parlamentaria, los grupos han acordado posponer los trámites de la norma, que derogará la ley de memoria democrática, hasta que pase la cita con las urnas el 9 de junio.
Las formaciones presentaron en paquete cinco leyes de gran calado que afectan al sistema educativo, a la ley de Transparencia, a la Agencia Antifraude, a la radiotelevisión pública valenciana y a la memoria histórica; cinco textos que suponen un revés a las políticas impulsadas por la izquierda en las dos últimas legislaturas e implican un acelerón en el programa de gobierno pactado por PP y Vox.
Aunque públicamente no lo reconozcan, la contrarreforma, calificada constantemente como “regresiva” y “reaccionaria”, genera un notable desgaste en un PP que quiere ser visto como un partido moderado. La proposición de ley ha recibido críticas del Gobierno, que amenaza con recurrirla al Constitucional, de las entidades memorialistas y de tres relatores de Naciones Unidas, que emitieron un contundente informe sobre las leyes de este calibre planteadas por la derecha y la ultraderecha.
Los socios de Gobierno han introducido en el pleno del 29 de mayo, el último antes de las elecciones europeas, los debates a la totalidad de las leyes de RTVV, Educación y Antifraude. Ambos lo justifican con que la modificación del plan educativo debe estar cuanto antes para ponerse en práctica el próximo curso y en acortar la “transición” entre los dos modelos de medios de comunicación públicos. La propuesta pactada por PP y Vox elimina la corporación y la sociedad mercantil actual y las fusiona en un ente de nueva creación - la CACVSA- cuya composición garantiza a la derecha el control de los medios públicos por su mayoría parlamentaria, eliminando la mayoría reforzada.
El portavoz del PP, Miguel Barrachina, ha justificado la “urgencia” de avanzar con la ley de libertad educativa para que haya “paz lingüística” y con la de la televisión pública para dar “seguridad jurídica” al proceso. “Estamos muy felices con la ley de concordia”, ha afirmado, tanto para no haber presentado más que una enmienda que corrige un error en la tramitación. En la misma línea, el representante de Vox, José María Llanos, apunta: “Una semana o 15 días no cambia la celeridad, pero siempre hay prioridades”, negando que se deba a una cuestión electoral, como recalca la oposición.
Los socialistas y los valencianistas, que enmiendan al completo esta ley, creen que se trata de “una pequeña victoria” de la sociedad civil, que ha clamado contra la derogación de las políticas de memoria. El portavoz socialista, José Muñoz, afirma que Carlos Mazón “se avergüenza” de estas normas pactadas con sus socios.
La toma en consideración de las cinco leyes sí se realizó al completo en la misma sesión, monopolizando el debate al completo. La contrapartida a esta decisión es que la ley más polémica tendrá mucha más atención que si estuviera en el paquete, algo que la oposición puede aprovechar en su beneficio.
Los populares también han introducido en el próximo pleno su propuesta para modificar la Agencia Antifraude, cuya renovación se encuentra en el limbo. Este jueves comparece el único candidato -después de que un informe jurídico tumbara al más afín al PP por una cuestión de forma-, el actual número dos del ente, y su apoyo no está garantizado. Ni PP ni Vox han confirmado que vayan a respaldarlo.
Enmiendas a la ley de Educación y a RTVV
Entre las modificaciones propuestas por los partidos que sustentan al Consell está que los padres o representantes legales del alumnado escojan en qué lengua se examina en todas las etapas educativas, con independencia de la lengua en la que se imparta la asignatura. Asimismo, el alumnado que no haya sido evaluado en la asignatura de valenciano durante alguno de los tres últimos cursos escolares podrá solicitar la exención en esta materia.
Respecto a la corporación de la radiotelevisión, se establece que la producción de los informativos queda en la propia casa, aunque se abre al intercambio de contenidos. “No podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades según se establece en el artículo 3 de la presente ley”, dice una de las enmiendas conjuntas.
Otro de los textos presentados por ambos partidos añade: “Tanto el Gobierno de España como el de la Comunitat Valenciana podrán hacer que se difundan, por los medios cuya gestión corresponde a la Generalitat, cuantas declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público se estimen necesarias, con indicación de su origen; las cuales se expresarán en las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano. Por razones de urgencia, apreciadas en su caso por el gobierno que haga uso de tal derecho, la obligación de difundir estos comunicados y declaraciones tendrá efecto inmediato”.