Barcelona, 21 dic (dpa) - El Parlamento de Cataluña aprobó hoy una resolución para apoyar a su presidenta, la independentista Carme Forcadell, quien está siendo investigada por la Justicia por desobediencia y prevaricación a raíz de la votación de una resolución secesionista en la Cámara de la región española.El texto, en defensa de la "libertad de expresión", fue aprobado con el apoyo de los partidos separatistas Junts pel Sí y la CUP, y también del izquierdista SíQueEsPot, afín a Podemos. En contra votaron el conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, el Partido Socialista de Cataluña y el liberal Ciudadanos.En medio del proceso independentista que impulsa el Gobierno de la región española, que quiere celebrar un referéndum soberanista en 2017, la resolución aprobada hoy considera que la imputación de cualquier miembro del Parlamento regional por "debatir, defender sus posiciones y emitir su voto, constituye una vulneración de la inviolabilidad parlamentaria, y un hecho sin precedentes" en la Unión Europea (UE).Además de expresar su "pleno apoyo" a Forcadell, rechaza "los intentos de judicializar conflictos de naturaleza política", advirtiendo que cualquier intento de criminalización de la actividad parlamentaria "supone una grave amenaza para la democracia".La presidenta de la Cámara catalana acudió el pasado viernes a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a cuyas puertas se reunieron varios cientos de personas, entre ellos importante figuras del Gobierno de la región, para apoyarla.La Justicia abrió contra ella una investigación por someter a votación una resolución que pretendía marcar la "hoja de ruta" hacia la independencia de la región española, de 7,5 millones de habitantes.La Fiscalía consideró que Forcadell utilizó la Cámara catalana para poner en marcha su "designio independentista" a pesar de que el Tribunal Costitucional español se había declarado en contra de la votación a raíz de la impugnación del Gobierno de Rajoy.La presidenta de la Cámara catalana acusó el pasado viernes al Ejecutivo español de "utilizar" el poder judicial "para coartar el derecho a debatir" en el Parlamento de Cataluña.# Información
