El Pacto de Toledo afronta el futuro de las pensiones con el dilema de subir impuestos o no
No se esperaba que la ministra hiciera este martes ningún anuncio importante. Y así ha sido. Báñez se ha limitado a lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad del sistema. Ahora bien, lo cierto es que para que esa sostenibilidad esté garantizada a largo plazo es necesario empezar a abordar soluciones que parten de un principio básico, una fuente extraordinaria de ingresos, ajena a las cotizaciones sociales. Esa fuente de ingresos se puede articular de tres formas distintas: la primera hipótesis es crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social. La segunda posibilidad, dedicar a este fin una parte de los impuestos ya existentes, y la tercera, que los tributos sostengan las pensiones de viudedad y orfandad. Solo adoptando una de esas medidas será posible paliar el efecto que la pérdida de empleo y la devaluación salarial ha tenido en las cotizaciones sociales, que es lo que pone en peligro el futuro de las pensiones.
De momento, Báñez ha insistido ante la Comisión en lo que viene siendo el argumento favorito del Gobierno para resistirse a entrar de lleno en el fondo del problema: la creación de empleo (que según el Ejecutivo ha despegado con fuerza y va a seguir manteniéndose en los próximos años) es el mejor antídoto para la caída de las cotizaciones. Esta tesis no tiene en cuenta la mala calidad de los empleos que se están creando a raíz de las últimas reformas laborales, lo que, según cálculos de los agentes sociales, provoca que sean necesarios cinco contratos precarios para atender los pagos a un solo pensionista.
Tras escuchar a Báñez, la comisión celebrará otras cuatro reuniones para recibir al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomas Burgos, a representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como de las patronales CEOE y Cepyme. A partir de ahí, los grupos deberán acordar qué personas completarán este calendario de comparecencias, que previsiblemente se extenderá hasta el mes de enero o incluso febrero. Sin embargo, la intención del Gobierno de recoger en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017 algunas de las nuevas recomendaciones que se puedan pactar en febrero o marzo, hará aconsejable acelerar las comparecencias y el debate político que, en todo caso, continuará una vez se presente el proyecto del Ejecutivo.
Entre las personas que los grupos han solicitado que comparecieran está también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá; representantes de las organizaciones de autónomos UPTA o ATA, catedráticos universitarios,, representantes de las aseguradoras privadas u organizaciones como Cruz Roja, Oxfam, Cáritas o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, también está incluido dentro de las comparecencias previstas por la comisión, aunque su visita al Congreso no se prevé en las próximas semanas. Asimismo, varios grupos demandan la comparecencia de directores generales de las áreas económicas de la administración.
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