Envían al TS la causa contra Barberá por incumplir la memoria histórica
La jueza se declara no competente para admitir la denuncia presentada contra la exalcadesa por un posible delito de desobediencia a la ley de memoria histórica, al existir en la ciudad escudos anticonstitucionales y monumentos a los caídos en la Guerra Civil.
El origen de la causa es una denuncia presentada hace un año por José Luis Ábalos, diputado socialista en el Congreso por Valencia, Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso contra Barberá por la posible comisión de un delito de desobediencia.
La denuncia se refería a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del citado juzgado de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.
El TSJCV, de conformidad con el criterio expresado por la Fiscalía, entendió entonces que la condición de senadora de la exalcaldesa, única denunciada, determinaba la "falta de competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la admisión de dicha denuncia, al resultar competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
Por tal motivo, el ponente, el magistrado José Francisco Ceres, acordó no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 en el que recayó inicialmente la denuncia contra Barberá y devolver a ese juzgado las diligencias para que proceda conforme a Derecho.
La jueza solicitó entonces, en octubre, a la Cámara alta la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora, una petición que no fue respondida, y cuatro meses después, en marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesitaba la instructora antes de resolver si enviaba la causa al Tribunal Supremo.
Recibida esa información, la juez, de conformidad con el criterio del fiscal y apelando a la resolución del TSJCV, que ya dijo que el competente era el Tribunal Supremo, ha acordado elevar las diligencias a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
La remisión de esta causa al Supremo se conoce el mismo día en el que el juez de Valencia que instruye la pieza separada del caso Imelsa sobre supuesto blanqueo de capitales ha remitido también al alto tribunal la investigación que afecta a la actual senadora, dada su condición de aforada.
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