Ciudadanos renuncia en su acuerdo con el PSOE a acabar con las penas específicas por violencia de género

Ciudadanos ha abandonado su idea inicial de reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para acabar con "la asimetría penal por cuestión de sexo". Una polémica propuesta que incluyó en el programa con el que se presentó a las elecciones generales del 20 de diciembre y a la que ha renunciado en el acuerdo de investidura con el PSOE. El documento que han firmado Pedro Sánchez y Albert Rivera no incorpora esta medida e incluye impulsar un pacto social, político e institucional "para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres".

"Igualar las penas con independencia del sexo del agresor", era lo que en la práctica significaba la propuesta de Ciudadanos, que generó una enorme reacción en contra por parte del resto de partidos. Sobre todo a raíz del debate a nueve organizado por TVE, en el que Marta Rivera de la Cruz negó la importancia del género en los casos de violencia, una posición muy criticada en el momento por el socialista Antonio Hernando. 

Pero el texto que han acordado ambas formaciones se aleja del programa del partido naranja, que reservaba un apartado específico para la lucha contra la violencia de género, pero entremezclándola en todo momento con la violencia doméstica, toda aquella ocurrida en el marco familiar. El documento, sin embargo, incluye toda una ristra de medidas, muchas ya incluidas en el programa electoral del PSOE.

Ampliar la ley, acompañamiento judicial

Entre ellas, la ampliación de la ley contra la violencia de género para incluir otros tipos de violencia contra la mujer y no solo los que se dan en el marco de una relación de pareja o expareja. De esta forma, la norma abarcaría también las agresiones sexuales, los matrimonios forzosos o la mutilación genital, tal y como demandaba la Plataforma 7N, que organizó una histórica y multitudinaria movilización contra la violencia machista en Madrid a principios de noviembre.

Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la prevención, después de que desde 2010 los recursos se hayan recortado un 26% o crear unidades de coordinación en todas las comunidades autónomas son otros de los puntos del acuerdo relacionados con esta materia. Respecto al aparato judicial, el texto habla de fomentar el acompañamiento judicial personalizado de las mujeres y poner en marcha protocolos específicos para la atención de las mujeres que han retirado la denuncia. 

Sobre los menores víctimas de la violencia de género, PSOE y Ciudadanos se comprometen a aprobar un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar su daño. Una reivindicación tradicional del movimiento feminista, que ha denunciado que los fallos del sistema dejan desprotegidos a los menores. En este sentido, pretenden también impulsar un plan de sensibilización y prevención de la violencia machista, con especial atención en jóvenes y adolescentes y garantizar la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas. 

En cuanto al aborto, la ley de plazos parece blindada ya que ambas formaciones dicen defender este modelo. El PSOE ha querido colocar una salvaguarda y piensa en retocar el derecho de las mujeres de 17 y 18 años que ahora dependen de una autorización familiar. De igual manera, Ciudadanos se reserva impulsar la gestación subrogada y, además, que la custodia compartida sea el régimen general en casos de separaciones.

Extranjeros sin papeles: a urgencias

No habrá una sanidad universal directa. El pacto implica que el padrón sirva para conceder la cobertura sanitaria: “Inscritos en el padrón municipal del municipio habitual”, dice el texto. Para el resto de extranjeros (no de la Unión Europea) la cosa queda como estaba: asistencia de urgencias. También reseña que se recupera la tarjeta sanitaria en la situación anterior del decreto del PP.

Aunque bastante genérico en cuanto a la gestión sanitaria, las líneas acordadas por PSOE y Ciudadanos hablan de “mantener la titularidad pública de los centros sanitarios” (cosa que ahora existe) y señala que el sector privada tendrá hueco “como un papel complementario”. También se comprometen a caminar hacia “una cartera común de servicios para toda la ciudadanía”.

Suelos quemados no podrán ser urbanizables

El documento asegura que volverá a estar prohibido convertir en urbanizables los suelos que hayan sido quemados en un incendio forestal. También volver a los plazos para que caduquen las ocupaciones en la costa que fueron ampliados en 2013. Ambos partidos dicen que el agua será “un derecho”. Pero también un “bien ambiental”. Y dicen “agua de buena calidad”.

A pesar de que es una píldora, el acuerdo recoge una ley de bienestar animal “que impida situaciones de maltrato en espectáculos públicos y festejos populares”.